Tras SQM: Poder Judicial lamentó que absoluciones generen percepción de "jueces corruptos"

La absolución de todos los imputados en el mega juicio del caso SQM, que ayer puso fin a casi 11 años de investigación por financiamiento ilegal de la política, abrió un intenso debate sobre la efectividad del trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Mientras los exculpados, incluido el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, anunciaron que buscarán acciones legales por la persecución penal, la Corte Suprema salió a reflexionar sobre las altas expectativas que genera la ciudadanía en este tipo de causas versus la realidad probatoria de las mismas.

La vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, lamentó la percepción de que la justicia actúa mal cuando se dicta una sentencia absolutoria, incluso en casos mediáticos.

"Cuando se empieza una investigación —dijo la portavoz de la Suprema—, la gente percibe al primer momento que son unos culpables, todos los epítetos que se pueden utilizar, y resulta que después sale una sentencia absolutoria por la dilación o por la falta de oportunidad o todo lo que ustedes quieran y ahí la primera reacción es 'estos jueces corruptos', pero no saben que internamente el juez tiene que resolver de acuerdo a los antecedentes que le aporta el Ministerio Público. Entonces, lo que queda es que la justicia actúa mal".

"Eso a lo mejor también es culpa nuestra, en que no nos hemos preocupado o no hemos llegado a la gente a explicarle de la manera más correcta", reconoció Melo.

Los argumentos del tribunal para la absolución

Según los antecedentes de la causa, el entonces senador Pablo Longueira avisó a Patricio Contesse -gerente general de SQM- que el gobierno de Sebastián Piñera preparaba una Ley de Royalty, y el ejecutivo le mandó por correo una propuesta de legislación, que el parlamentario reenvió a La Moneda sin aclarar que el texto se originó en la empresa.

No obstante, los delitos de soborno y cohecho no se configuraron porque, de acuerdo con el veredicto de mayoría del tribunal, Longueira actuó como particular, utilizando un correo Hotmail, y nunca se identificó como parlamentario.

"El acto descrito no puede estimarse como acto funcionarial en los términos exigidos por la ley, dado que no se efectuó en el ejercicio de sus funciones propias del cargo de senador, sino que, como líder político vinculado al gobierno de quien fuere Presidente de Chile entre los años 2010 a 2014, sin emplear correos institucionales ni identificarse como senador durante la realización de tales gestiones", establece el fallo, leído por la presidenta del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, María Teresa Barrientos.

Asimismo, el TOP sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar que hubo financiamiento irregular de la política, argumentando: "Respecto de la multiplicidad de correos electrónicos de agendamiento de reuniones del acusado Patricio Contesse con diversos personeros políticos, en especial, Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, desde ya cabe sostener que ellos sólo se limitan a dar cuenta de la programación de una reunión en un día, hora y lugar determinado".

Es decir, no existen pruebas que "permitan aseverar la efectividad de la realización de ellas, y, menos aún, de los temas allí abordados, resultando imposible deducir de estos correos electrónicos que se acordaran aportes en dinero para la actividad política", complementó la magistrada.

Abogado de Longueira: "La primera reflexión la tiene que hacer el Ministerio Público"

Esta mañana, el abogado del exministro Longueira -uno de los ocho absueltos del caso SQM-, Alejandro Espinoza, señaló que, antes de perseguir las responsabilidades del Estado por los daños causados, la Fiscalía debe autoevaluarse.

"Creo que la primera reflexión después de este contundente fallo la tienen que hacer el propio Ministerio Público y el fiscal nacional. Yo imagino que tendrán que revisar lo que acá ha ocurrido, porque esto no se puede repetir", declaró el jurista.

Agregó que "es inaceptable que miles de millones de pesos se gasten durante 10 años en esta persecución que en gran parte estuvo motivada por razones políticas".

Esta mañana, en tanto, Ominami confirmó en El Diario de Cooperativa que buscará "fórmulas" para que su caso no se repita, y que su objetivo es que "ningún chileno padezca lo que yo viví".

El fallo, cuya sentencia completa se conocerá en agosto del próximo año, deja el proceso judicial sin políticos condenados, a pesar de que la propia empresa SQM admitió haber realizado pagos indebidos a funcionarios y políticos chilenos en Estados Unidos en 2017, pagando multas por 30 millones de dólares.

La Fiscalía deberá pagar las costas del juicio si el dictamen lo ratifica. Sin embargo, la persecutora Claudia Perivancich lo descartó a priori, dado que el veredicto absolutorio fue dividido.