La justicia absolvió a los últimos ocho acusados del controvertido caso SQM; audiencia en el que aprovechó de reprochar duramente a la Fiscalía por la extensión de la investigación y por la "desmedida" cantidad de documentos presentada como evidencia, muchos de los cuales estaban repetidos.
La presidenta del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, María Teresa Barrientos, leyó la resolución por una hora, que no fue unánime.
En la instancia la jueza aprovechó de cuestionar al Ministerio Público porque, a pesar de los más de 14.000 documentos probatorios, "no se contiene la descripción fáctica del dolo tributario", señaló.
"No se aprueba con los acusadores la naturaleza contenida y alcance de estos documentos, los que serán analizados tratándose de méritos operatorios sólo en aspectos no controvertidos por los intervinientes", detalló en la lectura del fallo.
Para la magistrada, "lo anterior, revela un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor, generándose diversos incidentes por este motivo durante el juicio, con la consecuente demora, en caso alguno atribuible a las defensas. Queda sentado que la complejidad de la investigación no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público".
Asimismo, Barrientos criticó, de forma severa, una "violación flagrante del derecho (de los ocho acusados) de ser juzgados en un tiempo razonable, siendo la única forma de subsanar tal afectación, e impedir que se perpetúe, la adopción de una decisión absolutoria".
Entre los imputados figuran el exsenador y exministro Pablo Longueira, el exgerente de SQM Patricio Contesse y el actual candidato presidencial independente Marco Enríquez-Ominami.
Exculpados y sus cercanos acusan "persecución"
Tras conocerse el veredicto, Enríquez-Ominami reaccionó de inmediato a través de un video grabado previamente, visiblemente emocionado y triunfante. "11 años de persecución y un expediente vacío", declaró, acusando a sus adversarios de haber utilizado su nombre en diversas causas para "manchar, destruir y proscribir".
El candidato afirmó que "no encontraron nada porque no había nada" y concluyó: "Hoy por fin soy libre. Hoy por fin mi palabra es libre".
Por su parte, el entorno de Longueira también acusó una persecución. El exministro Víctor Pérez, que lo acompañó en el tribunal, arremetió contra las instituciones involucradas: "El Ministerio Público lo que hacía es una persecución política. El Consejo de Defensa del Estado e Impuestos Internos también. Esto tiene un trasfondo absolutamente político".
"Tan político es —subrayó— que, conocido como el caso SQM, aquí no están los que más plata recibieron de SQM: la Presidenta (Michelle) Bachelet, la Carolina Tohá... Pero creo que se resistió históricamente, le hicieron (a Longueira) un daño a su reputación realmente increíble, pero creo que salió adelante como ha sido siempre Pablo: luchando, dando la cara y de frente".
"La mayor derrota que ha tenido la Fiscalía", dice Gajardo
El fallo absolutorio fue calificado por el exfiscal Carlos Gajardo, conocido por perseguir los casos Penta y SQM en sus inicios, como "la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía" desde su creación, y sugirió que es "el punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política" donde, aseguró, el exfiscal nacional Jorge Abbott y el SII "fueron claves".
"No hablaría de una derrota", contrastó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que llevó la causa durante los últimos años, aunque admitió que "no es el resultado que nosotros esperábamos, y eso lo lamentamos".
La persecutora puntualizó que con este fallo, a juicio del Ministerio Público, "termina un capítulo con el deber cumplido, pero no puedo tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años; también hemos realizado acciones que han tendido a recuperar parte de lo defraudado".
"A propósito de la suspensión condicional del procedimiento respecto de la empresa, se obtuvieron 900 millones de pesos que fueron ingresados a las arcas fiscales; 1.600 millones de pesos donados a instituciones de caridad, y alrededor de 200 millones de pesos que fueron recuperados, a partir del pago de multas asociadas a condenas en procedimientos abreviados, y en suspensiones condicionales", detalló Perivancich.
Con todo, "entendemos que esa recuperación es incluso superior al monto que se ha debido gastar" durante la extensa investigación.
La sentencia se dará a conocer en 10 meses más, en agosto de 2026, cuando el Poder Judicial podría cobrar a la Fiscalía por los recursos invertidos por más de una década en un caso que culminó sin condenas.
