El Congreso Nacional aprobó este miércoles la acusación constitucional contra el ministro y expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, por lo que quedó destituido del máximo tribunal e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
En votaciones con apoyo mayoritario de la oposición, el Senado -actuando como jurado- visó los dos capítulos del libelo promovido por la derecha, que se originó en la Cámara de Diputadas y Diputados en una controvertida doble acusación que incluyó en su origen también a la removida exministra Ángela Vivanco.
Aunque ambos ahora exsupremos estaban señalados por presuntos hechos distintos de épocas diferentes, pero en un mismo texto, la Cámara Baja aprobó la admisibilidad la semana pasada y lo envió a la Cámara Alta, que resolvió votar separadamente el libelo respecto de cada acusado.
De esa manera, los senadores deliberaron este miércoles, en primer turno, sobre los dos capítulos contra Muñoz, que invocaban la causal de notable abandono de deberes.
El primero lo acusaba de presuntamente anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales respecto de su hija y no manifestar la inhablidad en una causa con interés patrimonial, y fue aprobado con 27 votos a favor -la derecha en bloque más los dos senadores de Demócratas y el independiente Karim Bianchi-, y 21 en contra -todos oficialistas-.
En detalle, sostenía que el ya destituido ministro supuestamente filtró a su hija -a la jueza de Garantía Graciel Muñoz- el contenido de un fallo no publicado de la Suprema, sobre la evaluación ambiental del proyecto Eco Egaña de la inmobiliaria Fundamenta, en Ñuñoa, para evitarle una pérdida económica al presuntamente aconsejarle no proceder con compraventa alguna.
Aquello en el marco de que el ministro fue parte de la Sala donde se tramitó, en 2022, un recurso de casación de la compañía, que en una primera vista fue desfavorable para ésta.
La defensa apuntó que esa acusación se fundó en una declaración jurada de la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme. Sin embargo, Sergio Muñoz, que compareció personalmente en el Senado en la víspera, negó haber incurrido en tal filtración y aseguró que "no existe prueba del hecho afirmado (...) es una deducción de los acusadores", y remarcó que el testimonio ante notario que entregó en aquel entonces la empleada de la inmobiliaria "no afirma haber escuchado de mí, o de mi hija, que le señalé el acuerdo (del fallo)".
En la argumentación de su voto en contra, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) cuestionó que la señalada ejecutiva de la empresa no fuese citada por el Congreso a declarar durante la tramitación de este juicio político, e incluso recriminó que pareció más una acusación contra la hija del ministro Muñoz que contra éste.
SEGUNDO CAPÍTULO POR NO IMPEDIR TELETRABAJO DE SU HIJA DESDE EUROPA
El segundo capítulo del libelo le achacó una presunto notable abandono de deberes "al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional", y también fue visado con 25 votos a favor -la derecha más Demócratas y Bianchi- y 23 en contra -oficialismo más el Evópoli Luciano Cruz-Coke y el RN Francisco Chahuán-.
En específico, Chile objetó que Muñoz no impidió que su hija ejerciera funciones estando fuera de Chile, lo que ocurrió durante un período total de 20 meses entre 2020 y 2023 desde Europa.
La defensa del destituido magistrado, a cargo del abogado Jorge Correa Sutil, sostenía que a éste, como ministro de la Suprema, no le correspondía ese deber, sino a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.
En su fundamentación para aprobar esta acusación, el senador UDI Gustavo Sanhueza planteó que, pese a que al entonces "supremo" no le cabía responsabilidad legal al respecto, sí le atendía un deber "moral".
- Revisa aquí el texto de la acusación constitucional
"SOCAVAMOS LAS BASES DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"
La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) consideró "desilusionante" que muchos de sus colegas tuvieran su voto predefinido sin importar los argumentos de la defensa, y advirtió que un precedente como éste podría provocar un "bumerán" de juicios políticos. Asimismo, tachó como un "empate, una aberración y un error de origen" que los diputados ataran en el inicio la acusación a Muñoz con la de Vivanco, vinculada al caso audio-Hermosilla que ha salpicado principalmente a la derecha.
A su turno, la senadora Paulina Vodanovic (PS) deploró la "interpretación torcida" de la Cámara Baja al haber admitido un solo libelo contra dos jueces distintos por hechos diferentes. Asimismo, relevó que en el referido fallo juducial que fundó el primer capítulo, "el voto de Muñoz fue contrario a los intereses de la empresa, y la acusación se construye sobre la premisa de que entregó información para beneficiar a su hija, pero los hechos demuestran lo contrario".
La timonel del Partido Socialista analizó también que Muñoz "es un juez incómodo para muchos, que ha sido señalado como de izquierda por haber sancionado violaciones a los derechos humanos y haberse puesto del lado de las personas y los derechos sociales", y advirtió que quienes votasen a favor "le dan una señal grave al Poder Judicial, amparándose -y miren qué contradicción- en el deber de imparcialidad: sancionando al ministro, socavamos las bases mismas de la independencia judicial".
CUMPLÍA 19 AÑOS EN LA CORTE SUPREMA
Tras la aprobación del juicio político, Muñoz, que este viernes cumplía 19 años como ministro de la Suprema, se convirtió en el primer integrante del máximo tribunal que es destituido por el Congreso desde que lo fuera Hernán Cereceda en 1993.
Antes de llegar a ese cargo en 2005, destacó por haber investigado el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro por agentes de la dictadura de Pinochet, y también por haber sido parte de la indagatoria de los casos Spiniak y Riggs, este último vinculado a las cuentas secretas que el dictador mantenía en el banco estadounidense.
En el período 2014 y 2015, ejerció como presidente del máximo tribunal del país.
Hoy vio finalizados sus 42 años de carrera en el Poder Judicial.
El Senado resolverá luego los capítulos sobre Ángela Vivanco, quien arriesga sólo la inhabilitación para ejercer cargos públicos puesto que ya fue removida la semana pasada por la propia Suprema, en un procedimiento disciplinario abierta a raíz de su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.
