La decisión fue adoptada unánimemente (24-0) por el tribunal de alzada de Santiago.
Por decisión unánime (24 votos contra cero), el Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (independiente), hecha por el Ministerio Público, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura.
Esta instancia representaba el último recurso de la Fiscalía Regional de Antofagasta para formalizar a la autoridad capitalina por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.
Tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa de la autoridad, el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño Ortega, comunicó: "El Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín".
La redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo.
La teoría del ente persecutor, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, sostiene que Orrego fue una pieza clave en la asignación irregular de 1.600 millones de pesos a la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín.
Según la investigación, los fondos destinados al programa de prevención del suicidio "Quédate" fueron asignados "a dedo", vulnerando los protocolos de transparencia y probidad administrativa que rigen para las reparticiones públicas.
Durante su intervención ante el tribunal de alzada, el fiscal Aguilar señaló que el gobernador incumplió gravemente los deberes de su cargo al no abstenerse de una decisión que involucraba a una persona cercana.
"Estima la Fiscalía que se han vulnerado distintos principios, atendido a que (Orrego) ha incumplido gravemente los deberes de su cargo y función, entre los cuales se encuentra el de probidad administrativa, de preeminencia del interés general en la función pública, de imparcialidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de abstención, atendido a que el señor gobernador mantenía un vínculo de amistad, un vínculo de cercanía política y, además, había mantenido nexos de corte laboral con el señor Larraín, y aquel mantenía el cargo de director ejecutivo de la fundación", expuso el persecutor.
El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar la resolución, sin embargo, tras conocerla no confirmaron el camino a seguir hasta conocer el detalle de la sentencia.
El fiscal Aguilar detalló que "se nos acaba de comunicar por la presidencia de la Corte que ha sido desestimada la solicitud de desafuero del señor gobernador Claudio Orrego, y la sentencia será comunicada en su oportunidad. De modo que comentarios respecto a lo resuelto no resulta posible hacerlos atendido a que no conocemos el texto de la sentencia".
En la vereda opuesta, la defensa de la autoridad regional, encabezada por el abogado Ciro Colombara, argumentó que el programa "Quédate" fue una iniciativa legítima con un impacto social real y que ProCultura poseía la experiencia técnica necesaria para ejecutarlo.
La defensa de Orrego señaló tras la resolución que "desde nuestra perspectiva es que habrá un sobreseimiento definitivo".
"Probablemente la investigación siga adelante, y nos parece bien. De hecho, el Gobierno Regional es querellante respecto de ProCultura por el delito de apropiación indebida. Por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Orrego espera es que la querella que interpuso en su momento, con el objeto de que el Ministerio Público investigara y siguiera adelante y sancionara a los responsables, avance efectivamente", aseveró.
Si bien el gobernador Orrego no se refirió personalmente a la resolución judicial, el Gobierno Regional emitió un comunicado en el que expresó que "valoramos la decisión del tribunal y manifestamos nuestra conformidad con el resultado, que ratifica que el gobernador regional, Claudio Orrego, no ha cometido delito alguno, lo que permite dar continuidad al trabajo institucional y reafirma nuestra disposición a colaborar plenamente con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público".
"El programa 'Quédate' fue impulsado como una iniciativa orientada a la prevención del suicidio en la Región Metropolitana, respondiendo a una prioridad de salud mental ampliamente compartida. Desde que se conocieron las observaciones relativas a su ejecución, este Gobierno Regional ha adoptado las acciones administrativas y judiciales correspondientes para resguardar el interés público", añadió el documento.
"Como Gobierno de Santiago en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado continuaremos ejerciendo todas las acciones que permitan hacer efectivas las pólizas que hasta ahora la aseguradora ASPOR se ha negado ilegalmente a pagar", enfatizó.
"Como querellantes en la causa reiteramos que lo más importante es que los hechos se esclarezcan a la brevedad y que se determinen todas las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Nuestro compromiso es y ha sido siempre proteger los recursos públicos, asegurar su restitución y garantizar a la ciudadanía que cada peso destinado a políticas sociales será defendido con todas las herramientas legales disponibles", sentenció el texto.
