En el marco del bullado caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este jueves el recurso que presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta para revertir las medidas cautelares del psiquiatra Alberto Larraín y otros tres imputados en la causa.
La semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para Larraín, María Constanza Gómez (exrepresentante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (directora de Estudios de la fundación) y Evelyn Magdaleno (exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano), quienes quedaron solo con arraigo nacional mientras dure la investigación.
El fallo de la Corte incluyó duros reproches a la manera en que Fiscalía llevó a cabo la investigación. Según el tribunal, casi todos los imputados no eran funcionarios públicos, no se logró comprobar la existencia de los delitos imputados ni tampoco el supuesto acuerdo entre los involucrados para ejecutar un presunto delito de fraude al fisco.
El presidente de la Sala, ministro José Pablo Rodríguez, afirmó en la lectura de la resolución: "Esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo, en cuanto a que los antecedentes suministrados por los acusadores no alcanzan a satisfacer el estándar exigible para imponer a los imputados las medidas cautelares solicitadas".
La determinación no dejó contento al Ministerio Público, que presentó un recurso que busca revertir la medida cautelar y que a todos los investigados se les dicte prisión preventiva.
Críticas de la defensa a la exposición "selectiva" de chats de imputados
Los defensores cuestionaron el uso selectivo de información de declaraciones y chats de WhatsApp, con los que la Fiscalía buscaba establecer que hubo un acuerdo entre los acusados para cometer los delitos.
Javiera Corvalán, abogada de Magdaleno, afirmó que la Justicia acogió que "fueron conversaciones que se obtuvieron y se expusieron de forma fragmentada y arbitraria para justificar una teoría de la Fiscalía que, la verdad, no tiene ningún asidero".
En la misma línea, Sebastián Soto, representante de María Constanza Gómez, señaló que "la orden de detención se solicitó en base a antecedentes falsos. Eso quedó establecido en esta segunda instancia también: son antecedentes falsos donde se atribuye responsabilidad de una conversación a mi clienta".
"En base a esto, vamos a solicitar la nulidad procesal de la incautación realizada ese día (de la diligencia)", agregó el defensor.
Fiscalía escueta con la prensa
Cristián Arias, abogado defensor de Alberto Larraín, valoró la resolución y aseguró que el caso nace de una interpretación errónea por parte del Ministerio Público: "ProCultura, como caso de la Fiscalía, partió desde el inicio de un malentendido, porque ProCultura es una fundación con antecedentes sólidos, con una trayectoria conocida de todo el mundo, con actividades con instituciones públicas y privadas que fueron hechas correctamente hasta que ocurre esta crisis", explicó.
"Pero no se puede considerar que ProCultura es un caso ni de cerca un caso de corrupción o algo similar", agregó el jurista, que apuntó a diferenciar dicha causa de otros casos mediáticos, como el de Democracia Viva.
Por otro lado, el fiscal Cristian Aguilar entregó escuetas declaraciones tras la resolución conocida este miércoles y evitó referirse a su contenido, señalando que "cualquier antecedente vinculado a Claudio Orrego será abordado en la audiencia correspondiente".
"La resolución ha sido comunicada por la Corte, no vamos a comentar por ahora su contenido. Todos los antecedentes se encuentran contenidos en la solicitud de desafuero que fue presentada en su oportunidad en la Corte de Apelaciones", afirmó.
UDI insiste en la importancia de desaforar a Orrego
El proceso judicial continuará el martes 17 de febrero, fecha en que está programada la audiencia de revisión de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hecha por el Ministerio Público.
Para el abogado de la UDI -querellante en el caso-, Pablo Toloza, la diligencia contra Orrego es de vital importancia para seguir adelante con el caso: "Es esencial, toda vez que el intraneus en esta materia es el gobernador Orrego".
"No se entiende un fraude al Fisco de estas características -y así lo hizo ver la Corte- sin la presencia de un funcionario público, que en este caso sería Claudio Orrego. Por lo tanto, es esencial su desafuero", reiteró.
