El gremio se refirió a los representantes del rubro involucrados en investigaciones por casos de corrupción.
Ante los casos de corrupción investigados por tribunales y que involucra a abogados de diversos estamentos, ya sean profesionales que actúan de manera particular, miembros del poder judicial, conservadores o notarios, el Colegio de Abogados emitió un comunicado en el que llaman a implementar reformas que permitan actuar ante lo que consideran una "fractura institucional".
El gremio expone que "las acusaciones contra doña Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, y de un grupo de abogados son inéditas en las últimas décadas y su gravedad daña la institucionalidad y la imagen que la sociedad tiene tanto de los miembros del Poder Judicial como de quienes ejercen la profesión de abogado".
"Estos hechos, que recién se comienzan a investigar en un proceso formalizado, deben ser investigados exhaustivamente de modo de no empañar el serio trabajo que estamos seguros desarrollan la mayoría de los integrantes de los diversos estamentos de la judicatura, de sus auxiliares y del Ministerio Público", añade el texto.
"Sin menoscabar el principio de presunción de inocencia -que es de carácter personal e individual- los tribunales de justicia deben resguardar integralmente la probidad de sus propios servidores y de todos aquellos que los auxilian (conservadores, notarios y abogados) y quienes tienen el monopolio de la investigación penal deben dirigir sus investigaciones sin claudicar frente a cualquier jerarquía que se haya podido ver involucrada de manera directa o indirecta", argumenta el documento.
"Este grave caso requiere la reacción enérgica de todas las instituciones para reparar el daño en la confianza de la población en ellas y evitar la repetición de estos hechos a futuro", se expone. Por ello, anuncia que "el presidente del Colegio de Abogados de Chile ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la orden que se encuentran involucrados en estos hechos: Mario Vargas y Yamil Najle". Los demás no están colegiados.
Además planteó que "iniciaremos un proceso de consulta entre nuestros miembros y con los tribunales de justicia para identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional. Deben eliminarse todas las instancias que incentiven o permitan arbitrariedades, amiguismos, tráficos de influencias y faltas éticas en general".
"Por último, llamamos a no caer en la ingenuidad de pensar que estos son solo problemas de personas, sin ver las fracturas institucionales que tienen relación con la displicente atención que el legislador ha dado en atender las modificaciones legales; la atención presupuestaria y a la gobernanza judicial y procedimental que se paralizan cada vez que se agotan los efectos temporales de hallazgos de faltas a la probidad", sentencia el comunicado.
