El diputado Joaquín Lavín León (exUDI) apuntó contra su exasesor en declaración por presunto fraude al fisco, en medio de la ofensiva legal en su contra por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Las sospechas que enfrenta el parlamentario incluyen la presentación de facturas falsas en el Congreso, financiamiento ilegal de campaña, fraude al fisco y lavado de activos. La Fiscalía Oriente, que lleva la causa, ya cuenta con antecedentes suficientes -según fuentes vinculadas al caso- para avanzar en una eventual formalización, solicitando prisión preventiva.
En su declaración ante la fiscal Constanza Encina y la PDI, según consigna La Tercera, Lavín optó por renunciar a su derecho a guardar silencio.
En 55 páginas, entregó su versión de los hechos, apuntando reiteradamente a su exasesor Arnaldo Domínguez como responsable de las rendiciones de gastos. "Todo eso es responsabilidad directa de Arnaldo Domínguez", afirmó, añadiendo que el sistema de rendiciones parlamentarias "no pasa por el parlamentario".
Además, reveló que dicho funcionario, quien fue su colaborador más cercano por casi una década, fue desvinculado en abril. Según Lavín, se integró a su equipo en 2014 y asumió gradualmente un rol clave: "Él se tenía que preocupar de absolutamente todo lo relativo al trabajo territorial", afirmó.
Su participación en la gestión Barriga
A esta investigación se suma la tensa crisis familiar tras el proceso penal contra su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.
Respecto su participación en la campaña otrora jefa comunal, Lavín admitió haberla apoyado de forma activa. "Siempre nos hemos ayudado mutuamente en nuestras campañas", sostuvo.
Sin embargo, negó haber dado instrucciones sobre la gestión interna del municipio una vez que Barriga asumió como alcaldesa: "Nunca le di instrucciones a ella de cómo debía organizar el municipio", dijo el parlamentario, aunque reconoció haber recomendado a personas de confianza.
Uno de los aspectos más delicados del interrogatorio abordó la existencia de supuestas "listas negras" de funcionarios municipales que debían ser removidos. Según Lavín, los listados fueron elaborados por jefaturas municipales que se acercaron a él tras la elección de Barriga.
"Yo recopilé los listados, pero fueron ellos quienes me entregaron esta información, lo cual transmití a Carlos Fairlie", explicó.
El caso, que ya incluye el allanamiento de su oficina parlamentaria en octubre del año pasado, podría escalar en las próximas semanas con la solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago. De concretarse, el parlamentario enfrentaría cargos por delitos económicos graves con posibilidad de medidas cautelares como la prisión preventiva.
