La senadora socialista compareció este viernes, vía Zoom, en calidad de imputada en el marco de la fallida compraventa de la casa de su padre.
"Declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación", dijo su abogada, Paula Vial.
Tal como lo hiciera en la víspera su sobrina y ministra de Defensa, Maya Fernández, la senadora socialista Isabel Allende se acogió este viernes al derecho de guardar silencio al momento de declarar frente a la Fiscalía, en calidad de imputada, por la fallida compraventa de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende.
La parlamentaria por Valparaíso comunicó su decisión al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado para indagar la frustrada adquisición de la vivienda del otrora mandatario en la calle Guardia Vieja, en la comuna capitalina de Providencia, de la cual la legisladora y la ministra son copropietarias, por lo que ambas tienen prohibido -por la Constitución- celebrar contratos con el Estado, lo que sí se alcanzó a concretar ante notario.
Allende participó en la diligencia vía conferencia, en compañía de su abogada Paula Vial, que también asesora a la titular de Defensa.
Dados los cargos de las implicadas en la causa, ambas cuentan con la prerrogativa de ser interrogadas en un domicilio que establezcan.
"En el día de hoy compareció ante la Fiscalía mi representada, la senadora Isabel Allende. Su comparecencia se realizó mediante la plataforma Zoom. Siguiendo nuestra recomendación, la senadora ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación", indicó la defensora en una declaración pública.
Vial agregó que la militante socialista "ha señalado en todo este proceso que colaborará siempre con las instituciones y toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe".
La investigación nació a partir de una querella de la Fundación Fuerza Ciudadana -que encabeza el militante del Partido Republicano Raimundo Palamara- en contra del Presidente Gabriel Boric y "todos quienes resulten responsables" por el presunto delito de fraude al Fisco en el plan de compra.
Consultada respecto a la posibilidad de que el Mandatario declare si es citado por esta causa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que "si llegara a provocarse una solicitud, haríamos el análisis, pero hay una historia hacia atrás, y creo que es bastante elocuente respecto a cuál es el modo de operar del Gobierno en estos casos".
En cuanto a la decisión de guardar silencio de Allende y Fernández, la jefa de gabinete aseveró que "el ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones; son parte de las alternativas que la ley considera".
Finalmente, respecto de un eventual uso del "criterio Tohá" en este caso, la ministra apuntó que "si se hubiera cambiado, lo sabrían".
Voces expertas consideran el silencio de Fernández y Allende adecuado para esta etapa procesal, entre ellas el exfiscal Claudio Uribe: "Por regla general -por lo menos, ese es mi criterio-, las personas imputadas de delitos debiesen declarar hacia el final de la investigación y no al principio; es decir, hay que conocer el resultado de la investigación", dijo el otrora persecutor.
"Desde el punto de vista estrictamente de litigación, desde el punto de vista jurídico penal, yo como abogado siempre recomendaría primero guardar silencio y, si lo amerita, declarar hacia el final de la investigación", añadió.
Diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron esta mañana una carta al Presidente Gabriel Boric en la que piden que le solicite la renuncia a la ministra Fernández.
"Lo que estamos solicitando a través de esta carta al señor Presidente de la República es la renuncia de la ministra Maya Fernández, porque ella lo que está haciendo hoy día, se está dedicando 100% de su tiempo para la defensa, que es muy legítimo, pero está dejando de lado la actividad que corresponde a la defensa nacional, y eso es muy grave", comentó el diputado Miguel Becker.
"Chile no se puede dar el lujo de tener una ministra cuestionada y que va a estar, entonces, preocupada de su propia defensa y no de lo que corresponde a la nación", advirtió el legislador RN.
Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a tramitación los requerimientos presentados por diputados del Partido Republicano y Chile Vamos en miras a la cesación del cargo de la senadora Allende, quien tiene un plazo de 10 días para contestarlos.
Por este caso, la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval declaró esta tarde por alrededor de tres horas en dependencias de la Fiscalía Nacional, acompañada de su abogada Francisca Millán: "Se presentó a cumplir con esa diligencia, con el interés de aportar todos los antecedentes que fuesen relevantes para esclarecer los hechos", declaró su defensa a la salida.
Mediante un comunicado, la jurista profundizó que "asumir un cargo de autoridad pública implica enfrentar el escrutinio ciudadano con responsabilidad, un deber que se cumple actuando con lealtad a los gobiernos, y de cara a la ciudadanía en las instancias correspondientes".
"Así, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones, y aportar la claridad necesaria en el ámbito público", añade el escrito.
