La determinación del fiscal nacional, Ángel Valencia, de remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación del caso ProCultura sigue generando una serie de reacciones en el espectro político, la cual se suma al impacto del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas en el marco de dicha causa.
Según se desprende del propio fallo de la Corte, actuaciones policiales -realizadas al amparo de quien dirigía la investigación- fueron propias de "tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado".
Este dictamen fue el principal motivo citado por Valencia para reasignar el caso.
El líder del Ministerio Público, en declaraciones a Canal13, calificó las afirmaciones del fallo de la Corte como "graves" y, en parte, "injustas", enfatizando también que "nadie puede sacar cuentas alegres" con la decisión de cambiar al fiscal a cargo.
Desde la oposición, el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, abordó las declaraciones de Valencia, advirtiendo que "hay personas que igualmente sacan cuentas alegres, y no somos precisamente los querellantes en la causa Procultura".
"En la misma entrevista, el fiscal nacional dice que este fallo perfectamente puede ser revocado, y que hay declaraciones que le parecen muy injustas. Nosotros esperamos que con estas declaraciones se apele a esta resolución y se pueda revertir", puntualizó el parlamentario, que afirmó también que considera "apresurada" la decisión de remover a Cooper del caso.
Las críticas oficialistas
En tanto, en el oficialismo, el diputado Jaime Sáez (Frente Amplio) indicó que, si bien nadie debería sacar "cuentas alegres", considera que las explicaciones dadas por Ángel Valencia para su decisión son "razonables", enfocándose en la necesidad de cautelar el éxito de la investigación.
Mientras que su par frenteamplista Lorena Fries dijo que aunque puede entender "la necesidad de defender a quienes integran la fiscalía nacional, la verdad es que el fiscal nacional no debiera dar opiniones respecto de un fallo que afecta a uno de sus fiscales".
"En sentido, preferiría que se cumpliera el derecho y que él evaluara las acciones que tiene que tomar internamente", puntualizó la diputada.
La postura del gobierno
Mientras que desde el Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, se mantuvo una postura de distancia institucional.
Consultada su opinión sobre la visión del fiscal nacional respecto al fallo, Cordero afirmó que las sentencias de la Corte poseen sus propios argumentos y remarcó que el gobierno "no le compete opinar sobre resoluciones judiciales, ni menos sobre decisiones que toma el jefe del Ministerio Público".
