La diputada desaforada tiene fijada su audiencia en tres días más por el caso Democracia Viva; escándalo que "es la punta del iceberg", acusó el partido.
Pérez está acusada de delitos reiterados de fraude al Fisco y fue desaforada -por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Corte Suprema- para ser formalizada.
A tres días de que la diputada desaforada Catalina Pérez (FA) sea formalizada en el marco del caso Democracia Viva, Republicanos confía en que la Justicia "actuará con total rigurosidad, sin presiones ni favores", a la misma vez que acusaron que la polémica "es la punta del iceberg de cómo el Frente Amplio entendió el poder".
Pérez se sentará en el banquillo de los acusados el lunes 12 de mayo a las 8:30 horas, por encontrarse imputada de delitos reiterados de fraude al Fisco y querellada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la denominada "arista madre" del escandaloso caso convenios.
Para ser formalizada, la parlamentaria frenteamplista fue desaforada -a solicitud de Fiscalía- por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero; resolución que fue ratificada por la Corte Suprema a inicios del mes pasado.
En este contexto, el diputado del Partido Republicano y querellante en la causa, Juan Irarrázaval, expresó que confía "en que la justicia actuará con total rigurosidad, sin presiones ni favores, porque no puede haber espacio para la impunidad".
"Es hora de que todos los involucrados rindan cuentas ante la justicia de una vez por todas. Lo de Catalina Pérez no es un hecho aislado ni un error administrativo: es la punta del iceberg de cómo el Frente Amplio entendió el poder. Usaron fundaciones como cajas pagadoras, disfrazaron la militancia de trabajo social y terminaron transformando recursos públicos en financiamiento político encubierto", acusó el parlamentario.
"Incluso así lo demuestran los chats que han salido a la luz de Daniel Andrade (expareja de Pérez y líder de la fundación Democracia Viva), quien deliberadamente quería usar los campamentos y tomas de terreno -financiados con fondos públicos- para hacer proselitismo en más regiones. Nosotros no vamos a soltar esta causa, ni la de ProCultura, porque detrás de estos casos hay una estructura diseñada para defraudar al Estado con total impunidad", añadió Irarrázaval.
"Estamos convencidos de que hubo un mecanismo institucionalizado (para cometer los delitos). Y eso, le guste o no al oficialismo, sí existió. Los hechos son claros, las pruebas son contundentes. Esperamos no solo cautelares proporcionales al daño causado, sino una señal inequívoca de que la justicia en Chile actúa con decisión y sin concesiones", cerró el legislador.
