Las bancadas de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) emplazaron este sábado al Presidente Gabriel Boric y al Servicio Electoral (Servel) ante los nuevos antecedentes en el caso ProCultura, una de las aristas del Caso Convenios.
Los dirigentes de Chile Vamos se reunieron esta mañana en la sede de la UDI, junto con abogados penalistas, para analizar los antecedentes que se conocen del caso y evaluar eventuales acciones.
Lo anterior, se da en marco de la revelación de los argumentos expuestos por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para pedir la intervención del teléfono del Mandatario, en contexto de una indagación por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial en 2021.
Las exigencias de la UDI
Desde la UDI exigieron al Presidente de la República pronunciarse en un plazo no mayor de 48 horas sobre cualquier vínculo con la fundación; como de su conocimiento o participación en los hechos que investiga el Ministerio Público.
Además, se le solicitó que transparente la totalidad de la información financiera relacionada con su campaña electoral y le exigieron que se pronuncie sobre su relación con el fundador de la fundación, Alberto Larraín.
Los gremialistas declararon que "las sospechas fundadas del persecutor" permiten inferir que el proceso que el proceso electoral del 2021 pudo haber estado marcado por "graves irregularidades", que deberán ser determinadas por el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
Igualmente, se le pidió al Mandatario instruir el retiro de la solicitud de remoción presentada por parlamentarios oficialistas en contra del fiscal Cooper.
De lo contrario, aclaran, se instalará en la opinión pública la percepción de que el requerimiento "no buscaba cuestionar algunas diligencias que ha llevado adelante el persecutor, sino más bien obstaculizar una investigación que involucra directamente" al Presidente.
Al respecto, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que "de confirmarse lo que ha aparecido en las carpetas, de que aquí ha habido triangulaciones de plata, fraude al fisco, cohecho, probablemente financiamiento de campañas políticas a través de recursos estatales, que estaban destinados a gastarse en salud, educación o en cualquier otro tipo de cosa que traiga beneficios a la ciudadanía, estamos frente a un caso que es realmente grave y penoso".
"Por lo tanto, le exigimos al Gobierno que salgan a dar explicaciones y se comprometan a someterse a las instituciones que están investigando con la mayor colaboración posible", complementó el legislador.
Los diputados presentes en la reunión también emplazaron a los demás candidatos y precandidatos presidenciales a exigir al Jefe de estado una respuesta clara y comprometerse con una investigación "transparente, exhaustiva, rigurosa y libre de presiones políticas".
RN oficia al Servel
Tras el término de la reunión de Chile Vamos, el diputado Miguel Mellado, jefe de bancada de Renovación Nacional, afirmó: "El caso ProCultura ha dejado de ser solo un escándalo administrativo para convertirse en un asunto penal de la máxima gravedad. Las investigaciones apuntan a un eventual financiamiento irregular en la campaña presidencial del Presidente Boric, con dineros públicos triangulados desde una fundación estrechamente vinculada a su círculo personal".
A raíz de lo anterior, Mellado anunció: "Nosotros hemos oficiado al Servel para que se imponga formalmente los antecedentes y evalúe ejercer acciones penales correspondientes. El Servel no puede seguir mirando al techo frente a indicios tan serios que comprometan la legitimidad misma del mandato presidencial".
Por su parte, el abogado querellante Pablo Toloza explicó: "A raíz de nuevos antecedentes (del caso), iremos investigando y los iremos analizando en el tiempo. Hace 18 meses partimos con esta querella en la UDI, y después de 18 meses hemos tenido algunos antecedentes".
"Hay que analizar los antecedentes que están en la carpeta investigativa y de ello seguir viendo. Nosotros en su oportunidad nos querellamos tanto por fraude al fisco, apropiación indebida, negociación incompatible y fraude de seguro", agregó el jurista, quien advirtió que, "eventualmente, puede haber también financiamiento ilegal de la política".
