"Es vulnerable, llegar y salir del país es súper fácil": este es el categórico diagnóstico que entregó un taxista que presuntamente trasladó en Arica al sicario venezolano Alberto Carlos Mejías, principal sospechoso del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".
Este sujeto, que pidió reserva de su identidad por seguridad, relató este lunes a Cooperativa su encuentro con el buscado criminal: "Esto fue a esa hora de la ocho de la tarde en el terminal (Rodoviario de Arica). Le cobré diez mil pesos a cada uno para traerlos a este punto. Los dejé en mi taxi y ellos tuvieron que pasar un control para poder salir".
Respecto a este control, el taxista fue tajante: "Es súper vulnerable, llegar y salir del país es súper fácil".
"Son dos militares que están ahí que le piden su carnet y los dejan salir, lo anotan en una hoja. No sé cuál será el procedimiento que tienen ellos, pero es sumamente fácil llegar y salir. Porque esto es recurrente, ¿me entiendes? Salen en el día, en la tarde, en la noche", comentó.
Asimismo, dio cuenta de que, ante situaciones análogas, él se queda en el lugar, "pendiente en caso de que los devuelvan: me quedo esperando siempre unos cinco o diez minutos más en caso de que tengan algún problema y tengan que regresar nuevamente para la ciudad".
Añadió que, de los cuatro que transportó, "a dos regresaron y los otros dos -en los que está supuestamente este sicario- tuvo que salir por acá igual".
Durante esta jornada la Fiscalía Oriente confirmó que Mejía salió del país con dirección a Perú tras su polémica liberación, un hecho que ha dejado en el ojo del huracán la gestión de las comunicaciones judiciales en Chile.
"Nadie lo puede explicar": Parlamentarios critican la falta de claridad en fuga de sicario
Frente a esto, los parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja expresaron este lunes su preocupación y disconformidad con las explicaciones recibidas sobre la secuencia de eventos que llevaron a la liberación errónea del presunto sicario.
Según se informó, las dudas rodean la cronología de los hechos y las razones por las que se dio esta confusa situación que termina con Mejías en libertad.
En la instancia, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, intentó aclarar la situación, señalando que el problema se origina en el hecho de que "de una resolución judicial del tribunal salen tres comunicaciones": la original que tenía un error, otra que anula la medida cautelar ordenada y la última que establecía lo mismo que la primera, es decir, la prisión preventiva, pero con los errores enmendados.
Asimismo, afirmó que Gendarmería fue notificada válidamente por los conductos oficiales, ya que "la comunicación cumple con los instrumentos de veracidad que se deben chequear al momento de que lleguen estas comunicaciones".
Por lo tanto, reiteró, "ahí está el origen del problema".
Los cuestionamientos de parlamentarios
Sin embargo, esta explicación no satisfizo a los miembros de la instancia. El diputado republicano Cristian Araya, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, exigió una pronta explicación del Poder Judicial.
"Aquí hay algo que nadie nos ha podido explicar, por eso le exigimos al Poder Judicial que se pronuncie a la brevedad, es por qué hubo en algún momento una orden para dejar libre a este asesino", puntualizó el parlamentario, que fue enfático al decir que "eso es algo que no quedó claro en la en la comisión".
"Nadie puede explicar por qué en algún momento sale esa resolución. No hubo un trámite judicial que pudiese ampararla", enfatizó.
En la misma línea, la diputada Lorena Frías (FA) criticó que, a pesar de existir una sola resolución judicial, se emitieran "tres o cuatro comunicaciones" que han generado confusión.
Subrayó la incomprensión sobre "por qué se levanta una medida cautelar cuando no ha habido una resolución que establezca que se levante", apuntando a una inconsistencia crítica en el procedimiento.
Además del ministro Gajardo, a la comisión asistió el director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez; y el fiscal nacional, Ángel Valencia. El presidente de la Corte Suprema, aunque invitado, no asistió.
"Criterio Valencia" y la identificación de extranjeros
En respuesta a esta problemática, la Comisión abordó medidas que se consideran cruciales, entre ellas la aplicación del "Criterio Valencia", una instrucción emanada del fiscal Valencia.
Este criterio, establecido en 2023, obliga a los fiscales a solicitar siempre la prisión preventiva para cualquier sujeto formalizado cuya identidad esté en duda debido a su situación migratoria irregular.
La segunda medida, impulsada tras una reforma a la Ley de Reincidencia, fue la instalación de oficinas del Registro Civil en todos los tribunales del país a partir de 2023. El objetivo es identificar con huella dactilar a los detenidos sin identificación concreta, asegurando así la identidad de los imputados y prevenir situaciones como la de Mejías.
Respecto a esto, Valencia afirmó que "vamos a ir requiriéndoles que nos envíen listados con las identidades e información sobre sus números de RUT o documentos de identificación de todos los imputados privados de libertad, tanto condenados como en prisión preventiva, que se encuentran en centros de Gendarmería, para los efectos de asegurarnos, verificar, de que respecto de todos ellos hemos realizado todas las diligencias necesarias".
El persecutor nacional enfatizó que "respecto de 2023 en adelante, existía esta instrucción del Ministerio Público, (pero) del 2022, nos parece que, considerando lo ocurrido, es sano hacer ese chequeo. Implicará hacer todas las gestiones necesarias para asegurarnos de que su identidad es la correcta".
Afirmó que "lo estamos haciendo de manera preventiva, como consecuencia de los hallazgos que hemos constatado y nos parece que es una medida conveniente, es una auditoría que vamos a realizar".
Esta auditoría de las nóminas de extranjeros privados de libertad será de carácter retroactivo, lo que significa que "se va a hacer este registro de huellas dactilares con todas las personas extranjeras cuya identidad pueda estar en tela de juicio y que estén privadas de libertad", aseveró el fiscal nacional.
