La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) aborda este viernes, en sesión extraordinaria, la contienda de competencias que enfrenta al Primer Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros por el proyecto minero-portuario Dominga, en el norte de la Región de Coquimbo.
La disputa surgió luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentara un requerimiento ante el TC, acusando al Primer Tribunal Ambiental de exceder sus atribuciones e invadir competencias exclusivas del Comité de Ministros. El TC declaró admisible este requerimiento.
Este paso ante el Constitucional responde a un fallo previo del Primer Tribunal Ambiental en febrero pasado. En dicha resolución, el tribunal ambiental ordenó al Comité de Ministros emitir una nueva resolución en un plazo de 10 días, al considerar que la instancia previa había incorporado causales de rechazo improcedentes.
Según el Gobierno, aquella resolución excede las atribuciones de esa instancia judicial, e invade competencias que, por ley, corresponden exclusivamente al Comité de Ministros: así lo planteó hoy ante el TC el abogado Gonzalo García, que representa a dicha institución.
El jurista habló de "afirmaciones excedidas" por parte del Tribunal Ambiental, como que el continuo rechazo de la iniciativa responde a una estrategia judicial dilatoria, que deja de manifiesto la mala fe del SEA, al dar argumentos acomodaticios para generar una controversia artificial. Para García, estas palabras "están de más, por tratarse de una atribución constitucional que nadie puede cuestionar".
"Lo que se pretende es que, desde un punto de vista formal, el tribunal reconozca actos discrecionales en dos informes que el Comité de Ministros estableció que eran condiciones faltantes, (pero que) habilitaban a que él pueda intervenir", puntualizó.
A esto sumó que "cesara el modo en que el Tribunal Ambiental estaba exigiendo el cumplimiento forzoso de la sentencia, pasándose por arriba de las facultades del Comité de Ministros. Eso es lo que está aquí en juego".
A pesar de esto, la crítica se mantuvo por parte del gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, quien dijo que "ha quedado sumamente claro" -al escuchar los alegatos- que esta es una maniobra dilatoria del Gobierno, por lo que esperan que se respete la institucionalidad ambiental y que los fallos de la justicia se cumplan.
"Los que se está pretendiendo es prácticamente dejarnos sin una institucionalidad ambiental"
Posteriormente, en la instancia habló la abogada Yordana Mehsen, quien representa al Tribunal Ambiental y que solicitó que el TC rechace la contienda de competencias.
"Lo que se está pretendiendo en realidad con esta contienda de competencia es prácticamente dejarnos sin una institucionalidad ambiental, sin un control jurisdiccional en materia ambiental. Se nos estaría privando de lo único ante lo que hoy nos ampara ante una eventual desviación de poder de la administración", cuestionó la jurista.
"Eso es lo que se está pretendiendo ante esta contienda de competencia, y en realidad todo porque existe una insatisfacción con una sentencia definitiva asociada al proyecto Dominga", añadió Mehsen, que de todas maneras advirtió que esto "puede traer graves consecuencias nefastas respecto de la protección del medio ambiente, que es para lo que fueron creados los tribunales ambientales".
Organizaciones de la sociedad civil también se han pronunciado, indicando estar atentas a las instancias judiciales que ha atravesado el proyecto, el cual se encuentra rechazado. Expresan confianza en que la decisión del TC respetará la institucionalidad ambiental.
Una opinión distinta expresó afuera del TC Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera: "Lo que nosotros esperamos es que, de una vez por todas, esto sea favorable para este proyecto, pero lo más importante es que el Poder Ejecutivo no está sobre el Poder Judicial".
"¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo vence al Poder Judicial? ¿Qué queda para los inversionistas extranjeros o para nosotros mismos acá, los chilenos? Esto no es una broma. Acá juegan con la esperanza del chileno. Nosotros tenemos derechos, también deberes, pero nosotros tenemos derecho a la vida, el poder estar bien, el poder generar empleo, el poder tener agua", indicó la dirigenta.
En un documento ya disponible en el sistema web del Tribunal Constitucional se da cuenta de que la sala ya adoptó un acuerdo frente a la contienda de competencias, lo que se conocerá más adelante.
