El reciente informe de la Contraloría General de la República que detalla millonarias irregularidades en organismos públicos y gobiernos regionales ha provocado críticas transversales de parlamentarios, que acusan hallazgos graves y proponen cambios sustanciales, entre ellos el "achicar el Estado".
Las irregularidades, que fueron detectadas en diversos organismos públicos entre abril de 2024 y marzo de 2025, ascienden a un monto total superior a los 1,5 billones de pesos ($1.505.707.732.640).
Según se reveló, el informe se centra en situaciones consideradas "altamente complejas" o "complejas", que representan incumplimientos de leyes, normas o recomendaciones, con potencial detrimento patrimonial o responsabilidades funcionarias.
Una de las voces críticas es la del diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien acusó que el dinero involucrado en estas irregularidades "debería haber ido a educación, salud, vivienda, (pero) termina siendo malgastado o peor aún, termina siendo objeto de corrupción".
Debido a esto, planteó que "el desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado".
En la misma línea, su par Frank Sauerbaum (RN) afirmó que el informe "solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado" y que la carga tributaria pagada por los chilenos está "absolutamente despilfarrada y mal administrada", lo que produce "estancamiento económico".
"Hay que hacer un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente", enfatizó.
Cuestionamientos a contralores previos
Desde el oficialismo, el diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD) señaló que "desde el rol fiscalizador también tenemos que hacernos mea culpa", aunque advirtió que el Congreso "no tiene una contraparte" adecuada para "hacerle un mejor seguimiento a las cifras" entregadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Hacienda.
Frente a este panorama, fue enfático al indicar que las cosas "se han hecho mal" y pidió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la Dipres "volver a dar una explicación".
Mientras que el diputado socialista Jaime Naranjo valoró el trabajo de la actual contralora, Dorothy Pérez, pero cuestionó la labor de los contralores previos, subrayando la necesidad de que el Estado realice "las investigaciones respectivas" y aplique "las sanciones correspondientes".
Vinculó la "situación de estrechez fiscal" actual, además, a "gastos que no correspondían que se hicieran".
