Con una breve ceremonia a la cual no pudo ingresar la prensa, Dorothy Pérez tomó posesión este viernes de la titularidad de la Contraloría General de la República y se convirtió oficialmente en la primera mujer que alcanza el cargo en los 97 años de historia de la institución.
En el acto, que partió a las 11:20 horas y no duró más de 25 minutos, Pérez se mostró visiblemente emocionada al formular su primer discurso como contralora frente a las más altas autoridades del Estado que estuvieron presentes.
La abogada delineó los ejes que desarrollará durante los próximos ocho años para cumplir con la visión institucional, fundada en "el resguardo de la juridicidad, la tutela de la probidad administrativa y el control del cuidado y buen uso de los recursos públicos".
Comprometió, además, incorporar "nuevos instrumentos, más versátiles, tecnológicos y expeditos, para poder entregar resultados más oportunos al país" de su labor fiscalizadora.
"Estamos listos para comenzar con mucha energía esta nueva etapa, la que se construirá sobre las bases sólidas y sobre el legado que nos dejaron todos los equipos y autoridades que nos antecedieron", afirmó la contralora en su discurso inicial.
Asimismo, se comprometió a "trabajar con todas mis fuerzas y ser humilde para recibir todos los consejos y todos los apoyos bienintencionados de cada funcionario y funcionaria que quiera aportar, con su experiencia y con sus conocimientos ,a esta gran tarea".
La Contraloría dispuso que la ceremonia se realizara sin permitir el acceso a la prensa, según explicó, debido al acotado espacio del salón. Sólo fue transmitida a través de la señal oficial de la Presidencia de la República.
La nominación de Pérez fue ratificada el pasado lunes por el Senado. Hasta ahora ejercía como contralora subrogante desde diciembre del año pasado, cuando Jorge Bermúdez cumplió su período legal de ocho años y dejó el cargo.
El cuestionado criterio Dorothy Pérez
La toma de posesión de Pérez se hace en medio de una polémica, luego que la nueva contralora fijara un criterio respecto al plazo para generar la confianza legítima en los funcionarios a contrata del sector públicos y su posterior reclamación: la decisión es competencia de los tribunales de justicia y no de la Contraloría.
La acción fue cuestionada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que la califica como un "retroceso".
"Le advertimos al Ejecutivo que la persona que hoy está nominando ya tenía dictámenes en contra de los trabajadores del mundo sindical. Esperamos que la Contraloría recapacite, tiene ocho años de mandato, pero si va a entrar con esta predisposición de anular aquellos derechos que son vinculados con los derechos fundamentales y colectivos de los funcionarios públicas, nos parece violento y un maltrato que no nos merecemos", analizó el presidente de la ANEF, José Pérez.
En tanto, desde el Congreso, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) se sumó a los cuestionamientos por este criterio, asegurando que "es una mala señal que la nueva Contralora comience con un tropiezo su nueva gestión, eliminando por decreto la posibilidad que tenían los trabajadores públicos a contrata de acudir a Contraloría para pedir la confianza legítima, media que los protegía de despido injustificado".
"Esto solo le suma trabajo a los tribunales de justicia que ya están sumamente exigidos y consiguen precarizar aún más la función pública", aseveró la parlamentaria.
El cuestionamiento tuvo respuesta por parte del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien señaló que "aquí lo relevante es que estos temas se tienen que resolver en sede judicial, porque así ya lo ha señalado la Corte Suprema y eso es lo que precisamente está reconociendo la contralora".
