A través de su red social X, la precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, respaldó la política de deportaciones de Donald Trump y cuestionó la del gobierno chileno, a la cual acusó de "expulsar a cerca de mil migrantes irregulares al año, cuando hay más de 30 mil expulsiones pendientes".
Esta mañana, los dichos de Matthei tuvieron respuesta en voz del subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien en conversación con Cooperativa, dijo que el Gobierno posee estas cualidades, e incluso apuntó a la derecha por una modificación legal que impide algunas expulsiones judiciales.
"El Gobierno tiene coraje y decisión sobre este punto, y ha sido muy explícito. Lo que hay es que hay que indagar en detalle por qué nosotros más bien hemos aumentado las expulsiones administrativas, como no se habían hecho en los últimos seis años en el país, y por qué han descendido las expulsiones judiciales", señaló la autoridad.
En alusión a la líder gremialista, añadió que "si se quiere postular a la primera magistratura del país, hay que tener un contexto de realidad".
Sus palabras fueron cuestionadas por el diputado UDI Henry Leal, quien aseguró que "el señor Cordero no tiene autoridad para criticar a Evelyn Matthei, porque representa a un Gobierno que ha fracasado en el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado, y en enfrentar la inmigración ilegal".
"Han fracasado estrepitosamente, por lo tanto, la crítica de Evelyn Matthei es certera; le duele al señor Cordero cuando le dicen la verdad, así que lo invito a que haga su trabajo, que lo haga bien, que le dé seguridad a los chilenos, antes de estar criticando a quienes aspiran a ser presidentes de la República. El Gobierno está para gobernar, no para criticar a los candidatos presidenciales", insistió el opositor.
El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que "la política de expulsiones de este Gobierno ha sido un completo desastre y ha sido un completo desastre con Venezuela evidentemente donde en la práctica no hemos sido capaz de expulsar a nadie sino que de muchos otros países que simplemente no reciben a las personas que son expulsadas por nuestro país".
"Esto ha llevado a que tengamos las cifras de expulsión más bajas de los últimos años y aquí uno le pide también al Gobierno reacción porque mientras otros países son capaces de expulsar a los delincuentes de su país, en el caso chileno esta situación ha sido un desastre", enfatizó.
Modificación a la Ley 20.000
Cordero explicó que "las expulsiones judiciales en Chile han descendido producto de una modificación legal a la ley de drogas promovida por parlamentarios de oposición que impiden expulsar a las personas condenadas por ley 20.000 como medida sustitutiva".
El subsecretario se refiere a un cambio en la Ley de penas sustitutivas que excluye la expulsión como pena alternativa en casos de delitos relacionados con la Ley 20.000, contrabando y tráfico de personas. Desde agosto de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso revisa una moción de la UDI que propone obligar a los jueces a ordenar la expulsión de migrantes irregulares condenados por delitos de la ley 20.000 y de control de armas.
Desde la Comisión de Constitución, el diputado socialista Leonardo Soto defendió la modificación que limita las expulsiones y cuestionó esta moción de la UDI, apuntando a que dejarlos en la frontera sería un incentivo para volver a delinquir: "Podría tener un efecto contrario. Podría actuar como incentivo, sobre todo en la zona norte chilena, donde más de la mitad de la población penal están condenadas por tráfico de drogas".
"Creo que si uno quiere disuadir a bolivianos, peruanos o cualquier extranjero de que introduzcan drogas a nuestro país, el mejor aviso activo es tenerlo en la cárcel y no devolverlo a la frontera para que siga deteniendo", añadió el diputado.
Mientras que su par de la UDI, también miembro de la comisión y firmante de la propuesta, Gustavo Benavente, la defendió, apuntando a que es una medida que puede ayudar en la situación migratoria, siempre y cuando el Gobierno controle la situación en la frontera.
"Es una buena salida y el Gobierno a lo mejor podría ponerle urgencia. Esta moción se hace cargo de ese peligro en la manera en que el Gobierno sí imponga un control fronterizo más estricto", comentó.
En la misma línea, el presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), estimó que "nuestro país debiera tener la prerrogativa de expulsión a migrantes que han cometido delitos, y que no pueden estar amarrados al cumplimiento de pena sobre los cinco años. Estamos disponibles para agilizar la tramitación".
En septiembre del año pasado se aprobaron una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones y Extranjería, entre ellas, ampliaciones de la facultad de expulsar a migrantes irregulares condenados por delitos como sicariato, porte ilegal de armas, explotación sexual, entre otros.
