Para dos de ellos se estableció una fianza de 15 millones de pesos.
Otros 26 imputados quedaron con cautelares menos gravosas.
Este viernes por la noche, y tras 14 horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para 15 de los 22 sujetos que fueron formalizados este viernes acusados de pertenecer a la asociación criminal que, en distintas regiones del país, perpetró un megafraude de más de 3.000 millones de pesos, y que fue desarticulada el jueves en la denominada "Operación Imperio".
Para dos de estos imputados se estableció una fianza de 15 millones de pesos, mientras que los otros imputados quedaron con arresto domiciliario parcial y cautelares menores.
El operativo, desarrollado ayer por la Policía de Investigaciones (PDI), dejó un total de 41 detenidos sindicados de integrar una red dedicada al lavado de dinero, estafa y fraude a entidades financieras, principalmente de la Región de La Araucanía y de otras como Los Ríos, Valparaíso y Metropolitana.
Esta jornada es el segundo día de formalización, pues en el primero 19 de los capturados quedaron con medidas cautelares como arraigo nacional y arresto domiciliario.
El fiscal Enrique Vázquez dijo estar "muy satisfecho" con lo resuelto por el tribunal de Temuco en las dos jornadas de formalización.
"Se obtuvieron 15 prisiones preventivas de las prisiones que fueron solicitadas por el Ministerio Público, de 22, además de haber apelado al respecto de dos de estas", indicó el persecutor.
La defensa de los imputados que formalizados este viernes sostenían que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en los delitos, por lo que la justicia -argumentaban- no deberían enviarlos a todos a prisión preventiva.
"Creo que la tarea dificultosa es poder hacer las diferencias entre las participaciones de uno y otro individuo formalizado. No todos tienen el mismo grado de responsabilidad respecto de los delitos, y hay que distinguir a las personas que han sido usadas por otras", dijo Raúl Reyes, abogado de uno de los acusados.
"Mi representado, particularmente, realiza actividades lícitas bajo una instrucción de alguien, pero que esas actividades lícitas dentro del contexto pueden verse como ilícitas. Por ejemplo, yo le pido a alguien que vaya y cambie un cheque o yo le pido a alguien, 'Oye, por favor, deposita este cheque en tu cuenta y entrégame el dinero, porque yo ya superé el límite'. Entonces, esta persona realiza ese tipo de actividades que son lícitas, pero dentro del contexto", señaló Raúl Pérez Cofré, defensor de uno de los imputados.
En la misma línea, el letrado Dionisio Ulloa añadió que insistirán "en que, al menos, parte importante de los miembros de esta familia no tienen la participación que indica el señor fiscal" jefe de la Araucanía, Roberto Garrido.
Además, indicó que Garrido "expuso antecedentes nuevos que la defensa desconocía y que, de alguna forma, involucra a algunos de los miembros de la familia en ciertos hechos" delictivos.
"Vamos a pedírselos al fiscal para revisarlos y ejercer nuestro derecho (de defensa) dentro de los plazos que establece la ley", adelantó Ulloa.
La Fiscalía sostiene que el megafraude perpetrado por la asociación criminal -que, al menos, operaba desde 2019- les permitió ganar un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos, traducidos en la obtención de bienes de lujo como relojes, viviendas, autos de alta gama, incluido un Tesla; lanchas, helicópteros y hasta una avioneta.
El modus operandi, según Garrido, era la falsificación de documentos, como la emisión de títulos profesionales falsos para engañar a las entidades bancarias, incluso involucrando en ello a personas en situación de calle.
"Esta investigación se inicia a raíz del trabajo de análisis criminal, obteniendo información de distintas indagatorias en las que podía determinarse la existencia de un modus operandi y vincular a personas que poseían un patrimonio importante sin justificación respecto del origen de esos bienes", comunicó Garrido.
"También es fundamental para el esclarecimiento de los hechos el trabajo con otros entes estatales como el Servicio de Impuestos Internos (SII), que incorporó a un funcionario directamente en el equipo de la Fiscalía", valoró el fiscal.
El tribunal determinó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la investigación.
