La Fiscalía local de Osorno formalizó a un joven de 19 años, estudiante de la carrera de informática del Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap), por su presunta responsabilidad en seis amenazas de muerte y seis falsos avisos de bomba o calamidad pública, emitidos mediante correos electrónicos dirigidos a docentes y directivos del recinto.
La investigación, llevada a cabo por la Brigada de Investigación Criminalística de la PDI comenzó en abril, cuando el recinto comenzó a recibir correos que alertaban sobre la posible detonación de explosivos y el uso de armas de fuego.
Las diligencias contaron también con apoyo del Departamento de Cibercrimen, logrando establecer que los mensajes se originaron desde un domicilio ubicado en la ciudad de Osorno. A partir de esa información, se logró identificar y detener al imputado, quien presuntamente envió todos los mensajes.
Juan Pablo Ojeda, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Osorno, detalló que "la denuncia, presentada por el vicerrector de la institución, indicaba que directivos habían recibido mensajes que incluían la imagen de un arma de fuego, aludiendo la intención de concretar las amenazas y eventuales muertes en la casa de estudio".
"Ante la gravedad de los hechos, se iniciaron diligencias investigativas para esclarecer lo sucedido y ubicar al responsable. (Los detectives) concurrieron a un domicilio de la ciudad, lugar en el que tras ubicar y entrevistar al imputado, se dio voluntariamente la revisión de sus dispositivos electrónicos, en los que se encontró evidencia que lo vincula directamente con las amenazas y el correo enviado el día de ayer", complementó el detective.
En el marco de la investigación se incautaron tres computadores y un teléfono celular, los cuales serán analizados por peritos de criminalística.
Por su parte, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que "la Fiscalía Local de Osorno controló la detención y formalizó a un joven de 19 años de la carrera de informática de Inacap, el cual fue penalizado por seis amenazas de muerte y por seis avisos falsos de bomba o calamidad pública, obteniéndose así el arresto domiciliario de este, el arraigo nacional, la prohibición de acercarse a las personas a las cuales amenazó (las víctimas) y además la prohibición de acercarse a Inacap".
La fiscal se refirió a la gravedad de este tipo de delitos, señalando que generan una fuerte conmoción pública, obligando a evacuar a gran cantidad de personas y movilizar importantes recursos policiales, los cuales podrían estar destinados a emergencias reales.
Finalmente, advirtió que cualquier amenaza o aviso falso, ya sea por correo electrónico o teléfono, va a ser investigado y sancionado, tal como ocurrió en este caso.