La Sala de la Cámara Baja aprobó este lunes, de manera unánime, el proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización y aumentar las sanciones para quienes evaden el pago de tarifas en el transporte público.
Tras este importante respaldo parlamentario, la iniciativa ha sido despachada al Senado para su revisión final.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó la severidad del problema actual, señalando que un millón de personas optan por utilizar el transporte público sin pagar su pasaje.
Este proyecto de ley es una respuesta directa a esta problemática, buscando desincentivar la evasión a través de medidas más estrictas.
Nuevas restricciones y consecuencias
“Se fortalecen las consecuencias asociadas al registro de pasajeros infractores, que ya contempla medidas como impedir la entrega de documentos en materia de transportes y retener devoluciones de impuestos frente a multas impagas”, explicó Muñoz.
A esto sumó “nuevas restricciones efectivas, tales como la imposibilidad de ingresar a espectáculos de fútbol, la denegación del pasaporte y limitaciones en trámites migratorios”.
“Quien incumple tendrá consecuencias, pero quien paga se libera inmediatamente”, puntualizó.
Cambio en la aplicación de sanciones
Una de las principales novedades que introduce la futura ley es el cambio en la entidad encargada de aplicar las sanciones. Anteriormente, esta tarea recaía en los juzgados de policía local; sin embargo, con la nueva normativa, la Subsecretaría de Transportes será responsable de aplicar estas penalizaciones.
Finalmente, el ministro recordó que la tramitación de este proyecto representa un compromiso asumido por el Gobierno durante las discusiones del presupuesto 2025.
