El debate en torno al reajuste del sector público cobró una nueva dimensión en el Congreso este lunes, al cruzarse con la emergencia nacional por los incendios forestales que azotan el sur del país.
La complejidad se centra en la identificación y reasignación de recursos, dado que una parte considerable del Tesoro Público está siendo absorbida por la atención a estas catástrofes.
En una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la contralora Dorothy Pérez y Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, emplazaron al Ejecutivo a esclarecer el origen de los fondos para el reajuste.
Pérez, jefa del organismo fiscalizador, destacó que el proyecto de reajuste no anula el artículo del estatuto administrativo que establece la finalización de las contratas el 31 de diciembre por mandato legal.
Asimismo, afirmó que tener que justificar los despidos mediante un dictamen fundado, caso a caso, es una medida muy complicada de implementar.
La Contralora Pérez alerta sobre la "muy complicada" implementación de justificar despidos de contratas, que terminan por ley en diciembre. (FOTO: ATON)
Frente a esto, la líder del órgano contralor hizo una propuesta concreta para aliviar la presión sobre los fondos públicos: poner un límite a los subsidios del transporte público en regiones para que no se produzca el desfonde que ha generado el Transantiago.
Un punto crítico es el déficit actual para financiar el reajuste, que asciende a 822 millones de dólares.
"Hemos reiterado acá la necesidad de que se identifiquen detalladamente estos espacios de reasignación, porque uno distingue que la asignación 104 también tiene que poder cubrir otros elementos como las emergencias", enfatizó Benavides.
Mientras que Pérez indicó que, dada la magnitud de la crisis en el sur, "probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos".
La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, reitera la necesidad de que la asignación 104 cubra también emergencias. (FOTO: ATON)
Las declaraciones generaron inquietud tanto en parlamentarios de oposición como del oficialismo, quienes esperan que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, proporcione respuestas a estos complejos desafíos financieros.
Reforma política en pausa: Emergencia de incendios suspende sesión clave
En tanto, la Comisión de Gobierno, que tenía prevista una sesión este lunes para votar y despachar la reforma política, se vio obligada a suspender su trabajo ante la contingencia nacional.
La reforma política, impulsada por La Moneda, busca promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema. Sin embargo, su tramitación sufrió un freno cuando el Ejecutivo solicitó la postergación de la votación.
La Cámara Baja suspende crucial votación de la reforma política debido a la grave situación en el sur. (FOTO: ATON)
"El Gobierno tomó contacto conmigo para solicitar postergar la votación del proyecto complementario del sistema político, toda vez que el ministro del Interior se encuentra en la zona de combate a los incendios forestales en el sur del país", explicó el diputado Rubén Oyarzo, presidente de la Comisión de Gobierno.
"He accedido a esta solicitud dado que hoy la prioridad está en responder la emergencia. Y luego, en coordinación con el gobierno, fijaremos el itinerario legislativo de este proyecto de ley", añadió el parlamentario.
Este proyecto de ley es considerado uno de los priorizados por el Ejecutivo para ser despachado durante la actual legislatura.
Estancamiento de la Ley de Incendios Forestales genera debate
Paralelamente a estas discusiones financieras, el estancamiento del proyecto de Ley de Incendios Forestales es otro punto que ha generado fuertes críticas en el Congreso.
Desde la Comisión de Agricultura, la senadora Alejandra Sepúlveda advirtió que "la irresponsabilidad hoy de no haber tenido despachada esta ley es tremenda. Lo que tiene que ver con la prevención y con el interfaz urbano rural, que ha sido el lugar donde no ha permitido la protección de las distintas comunidades".
Mientras que su par Carmen Gloria Aravena (Republicanos) dijo que explicó hace un par de semanas "la importancia que tenía haber autorizado ese día la aprobación de este proyecto, dado que más que en el análisis financiero, que era lo que les correspondía, estaban revisando con detalle temas que técnicamente habíamos visto con meses de análisis".
Por su parte, la senadora Loreto Carvajal (PPD) cuestionó a la senadora Rincón: "¿por qué razón hasta el día de hoy no se ha sacado esa ley? Yo siento que hay una negativa inexcusable o no quiero pensar que hay intereses de otro tipo para evitar que esto finalmente avance", puntualizó.
