"No me sorprende que algunos parlamentarios voten a favor", dijo el presidente de los persecutores, Claudio Uribe.
Desde la Nueva Mayoría manifestaron apoyo a la medida y desde el Colegio de Periodistas manifestaron preocupación.
El presidente de los fiscales ya había manifestado su rechazo a la normativa.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reiteró su rechazo a la indicación -en el marco de la agenda corta antidelincuencia- que busca sancionar eventuales filtraciones de procesos judiciales con penas de cárcel.
Según la norma, aprobada en el Senado, tanto abogados, como testigos, y todos los intervinientes de una investigación arriesgarían prisión al divulgar antecedentes de procesos penales.
Para Uribe esta indicación es un intento de autoprotección de la clase política.
"Es un grupo de poderosos cuidándose a sí mismos, amenazando una cuestión que es fundamental para la vigencia misma del Estado de derecho como es la libertad de información y la libertad de expresión", indicó el persecutor.
"No me sorprende que algunos parlamentarios voten a favor, lo que se establece que cualquier persona que entregue información respecto de una causa comete el delito y eso incluye al portero, al caballero que va pasando e incluye al periodista".
Esta norma cuenta con apoyo transversal en la Cámara de Diputados, hasta donde se espera llegue esta polémica iniciativa, la que ya fue aprobada por la Comisión de Constitución y la Sala del Senado.
Apoyo desde la Nueva Mayoría
Para el diputado independiente Gabriel Boric, esta es una ley mordaza disfrazada de defensa de la presunción de inocencia.
Desde la Nueva Mayoría adelantaron votos favorable, como lo comentó el jefe de bancada del PPD, el diputado Ramón Farías.
"Es una indicación que lo que pretende en ningún caso es ir en contra de la libertad de prensa, ya que la libertad de prensa dice relación con publicar aquellas cosas que no están prohibidas por ley de ser publicadas", indicó el legislador.
El diputado socialista Juan Luis Castro se manifestó a favor de la enmienda como se presentó en el Senado y que "el derecho a la información siempre debe estar cautelado y tan cautelado como el derecho a la reserva cuando se trata de una causa judicial, ese justo equilibrio que tiene que buscarse".
La normativa que se tramita contempla desde 60 a 541 días de presidio para quienes violen la reserva de información, reserva que se podría ampliar de 40 a 80 días cuando sea necesario.
Colegio de Periodistas "inquieto y preocupado"
El objetivo de esta indicación es asegurar que las diligencias investigativas no se filtren a los medios de comunicación antes que el Ministerio Público ejerza la acción legal según el informe de la Comisión de Constitución del Senado, aunque para la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, se trata de una forma de coartar la libertad de expresión y que genera "inquietud y preocupación".
"Todos los organismos internacionales de derechos humanos, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que tener como sanción penal el ejercicio de la libertad de expresión, que cumple con el derecho a la información de la ciudadanía, obviamente no se corresponde con la garantía de este derecho humano", dijo Olivares.
La segunda semana de abril debiera ser despachada la agenda corta antidelincuencia y la Cámara de Diputados debe definir el futuro de la controvertida indicación.
