Claudio Uribe reiteró sus críticas a la iniciativa aprobada en el Senado.
"La verdad es que quedó muy mal hecho", sostuvo en conversación con Cooperativa.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reiteró sus críticas a la indicación que busca sancionar con penas de cárcel las filtraciones de procesos judiciales afirmando que "es un paso atrás y un paso grande".
La norma, incluida en el marco de la agenda corta antidelincuencia y aprobada por unanimidad en el Senado, pretende imponer sanciones de 60 a 540 días de presidio a todos los intervinientes de una investigación que revelen antecedentes de las investigaciones.
En esa línea, Uribe manifestó en Lo Que Queda del Día que "entendemos que el interés que tenía la superioridad del Ministerio Público es garantizar cierto grado de resguardo, mayor al que existe, en delitos de drogas, delitos de tráfico y otras figuras semejantes, pero si ese era el interés, la verdad es que quedó muy mal hecho".
"En el texto tan amplio que propone la ley, lo que encontramos es que cualquiera que dé cualquier información de un contenido de la investigación arriesga tres años de cárcel y por qué esto es tan grave, porque hoy todos los que somos funcionarios públicos ya tenemos sanciones administrativas y penales por este tipo de cosas", apuntó el dirigente.
"Poco elegante"
El presidente de los fiscales explicó que "hoy, por ejemplo, si a una víctima se le ocurre comentar el contenido de su declaración ante la Fiscalía, a la letra de la ley comete delito".
"La solución no puede ser que a los problemas que se detecten establecer estos tipos penales tan generales y tan amplios donde en cualquier noticia que se publique del caso Soquimich están cometiendo delito decenas de periodistas, editores, la gente que da declaraciones, o sea, podemos terminar con todo el mundo dentro de la cárcel", añadió.
Uribe sostuvo que el artículo "nos parece poco prolijo, poco elegante, no apunta en el sentido correcto y hace un daño tremendo en términos de transparencia, es decir, el grave problema de la justicia criminal antigua era la falta de transparencia en los procesos y se ganó mucho con la reforma pero esto, tal como se está aprobando, es un paso atrás y un paso grande".
"Es evidente que si no hubiesen existido causas como Penta, Soquimich, Corpesca esta indicación no existiría. Esto no tiene nada que ver con la lucha contra la delincuencia", remarcó finalmente el presidente de los fiscales.
Colegio de Periodistas advierte "defensa corporativa o manto de protección" a políticos
También reaccionó en medio de esta polémica el Colegio de Periodistas, que indicó que "sin la presión de los medios que legítimamente apuestan con convicción por la trasparencia la democracia se verá aún más dañada de lo que está al día de hoy".
"Nos preocupa y es una muy mala señal que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos más que una preocupación real por cuidar las investigaciones", afirmó el gremio en un comunicado.
La organización acusó además "un trato discriminatorio", porque "el tema se pone sobre la mesa cuando hay actores con mucho poder involucrados en investigaciones judiciales, pero no así cuando son ciudadanos comunes y corrientes -particularmente de sectores vulnerables- los que son afectados por filtraciones, muchas veces difundidas ampliamente sin cuidado ético alguno por la presunción de inocencia".
