El diputado RN Diego Schalper se convirtió en el primer parlamentario de derecha en afirmar que el proyecto de ley que, por razones humanitarias, permite que presos de 70 años o más cumplan sus condenas en sus casas, requiere "correcciones profundas".
Tras una estrecha votación en el Senado ayer miércoles, la polémica iniciativa fue aprobada en general y volverá a discutirse en la Comisión de Derechos Humanos, donde el Partido Socialista pretende ingresar más de 100 indicaciones para que su tramitación sea "inviable" en la siguiente Legislatura.
Fuera de los reparos del oficialismo porque, de ser despachada a ley, la propuesta permitirá liberar a violadores de derechos humanos, han surgido advertencias por la ambigüedad del texto, ya que también abre la puerta a excarcelar -según cifras del Gobierno- a unos 12 mil delincuentes, cifra equivalente a un 20% de la población penal.
En primer lugar, se apunta a una laxitud en torno a la edad de los eventuales beneficiados: podrán solicitar el cumplimiento alternativo -o recibirlo de oficio- internos desde los 70 años, si es que han pasado 10 años en la cárcel, o si la suma de su edad más el tiempo que han estado en prisión da 80 años.
En la práctica, el proyecto tal como está dejaría sin efecto la cadena perpetua, al no distinguir ni entre delitos, ni entre su gravedad, ni entre las condenas en vigencia. Por ejemplo, alguien que reciba esa pena a los 60 años de edad -es decir, 40 años de presidio- por cometer delitos como violación, abuso de menores, o violación con homicidio, igualmente podrá cumplir la condena en su casa.
Los requisitos de salud tampoco son muy exigentes: se habla de beneficiar a quienes padezcan una enfermedad crónica que no permita un tratamiento adecuado dentro de la cárcel, pero sin especificar si la patología debe ser acreditada por un médico o un especialista. También habilita la salida de reos que presenten algún tipo de discapacidad, pero igualmente sin ofrecer más detalles.
De cara a la presentación de indicaciones en el Senado, el diputado Schalper admitió que el proyecto "tiene que corregirse de manera tal de que vuelva al espíritu que varios creemos, que es que tiene que referirse a personas de alta edad, mayores de 75 años, con una enfermedad terminal, o cuyas capacidades mentales o sensoriales sean inhabilitantes".
"En ese tipo de casos, hay que tener una conmutación, pero solo en esos casos. Por lo tanto, hay que hacer correcciones profundas, porque este proyecto tiene errores graves", zanjó el militante RN.
Cordero: "Es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable"
Consultado al respecto por la prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enumeró varias deficiencias presentes en el texto, partiendo porque "se incorpora dentro de él a personas que han cometido delitos que el sistema institucional chileno considera extremadamente graves: homicidios calificados, delitos sexuales, en fin".
Tal como sus pares del gabinete, el otrora titular de Justicia reiteró que "su propósito deliberado es evidentemente otro: beneficiar a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están" las víctimas de la dictadura.
Con todo, "este proyecto sencillamente suprime a las víctimas, por eso es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable", subrayó Cordero.
El oficialismo está especialmente alerta en vista de que, si sus ambigüedades no se aclaran durante la tramitación, los detalles faltantes serán incorporados en un eventual reglamento, el cual podría quedar en manos del Gobierno de Kast, que está abiertamente a favor de excarcelar a agentes de la dictadura.
