La Cámara Baja votará este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, que está bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con los imputados de la "trama bielorrusa".
La fecha de la votación se mantenía en suspenso porque Felipe Lizama, abogado defensor de Simpertigue, acusó en un escrito de nueve páginas que la comisión investigadora que analiza el libelo lo había aprobado "sin conocer" sus pruebas de descargo.
Debido a ello, la presidenta de la comisión, Maite Orsini (FA), anuló la resolución. Sin embargo, volvió a ratificarla luego que las evidencias presentadas, según dijo, carecieran de valor probatorio: "La defensa cree que somos tontos", reprochó.
De acuerdo con La Tercera, se estima que el libelo sea votado por la Sala en sesión ordinaria, de 16:00 a 19:00 horas.
Los antecedentes que tienen a Simpertigue en la mira
A Simpertigue se le acusa de haber viajado al extranjero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos en prisión preventiva por la "trama bielorrusa"-, días después de que la justicia fallara a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, que mantenía un litigio judicial con Codelco.
Dicho fallo (en el que Simpertigue votó a favor del consorcio) estuvo influenciado por una coima que, mediante la intermediación de Vargas y Lagos, llegó a las manos de la destituida jueza Ángela Vivanco, que presidió la Tercera Sala que resolvió la disputa judicial provechosa a Belaz Movitec, según acusa la Fiscalía.
Simpertigue también es investigado bajo la arista "Fundamenta", donde el Ministerio Público investiga un pago a la inmobiliaria homónima que tuvo como presunto objetivo remover al entonces ministro Sergio Muñoz de la causa Egaña, a fin de posicionar a Vivanco en la presidencia de la instancia e integrar, en la sala, al magistrado.
Por estos antecedentes, el "supremo" -que actualmente está de vacaciones- fue suspendido de su cargo por dos meses; tiene abierto un cuaderno de remoción en su contra por el máximo tribunal; y enfrenta una acusación constitucional.
