La iniciativa, que requería un alto quórum para su aprobación, no logró los apoyos necesarios durante la votación en la Cámara.
De haberse aprobado, esta disposición habría dejado fuera al Presidente Gabriel Boric en el corto plazo, ya que tiene 39 años.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó una reforma que pretendía cambiar las condiciones bajo las que expresidentes reciben su dieta vitalicia.
La iniciativa no logró el quórum de 87 votos que exige la Constitución: obtuvo 78 votos favorables, 4 en contra y 41 abstenciones, por lo que fue archivada.
El proyecto, elaborado a partir de 11 mociones refundidas, buscaba que el beneficio comenzara a pagarse recién al cumplir 65 años, en línea con la edad legal de jubilación. De haberse aprobado, esta disposición habría dejado fuera al Presidente Gabriel Boric en el corto plazo, ya que tiene 39 años.
La propuesta también planteaba que la dieta equivaliera a la remuneración de un ministro de Estado y que no se pudieran agregar asignaciones extra financiadas con fondos públicos.
Además, suspendía el pago si el exmandatario asumía otro cargo remunerado, ejercía funciones financiadas por el Estado o se postulaba a cargos de elección popular.
La discusión en el hemiciclo reunió a más de 30 parlamentarios, entre ellos Bernardo Berger, Lorena Fries, Jorge Alessandri, Gonzalo Winter, Camila Flores y Diego Schalper.
Quienes respaldaron la reforma argumentaron que mantener una asignación vitalicia en estas condiciones constituye un privilegio que no se justifica y reclamaron que, además, se sumen asignaciones complementarias para oficinas y equipos. Para ellos, limitar el beneficio a partir de los 65 años era un paso hacia una mayor equidad fiscal.
En contraste, quienes se opusieron defendieron la dieta vitalicia como un mecanismo para resguardar la independencia de la figura presidencial, evitar que exmandatarios queden expuestos al lobby del sector privado y garantizar que ejerzan su mandato sin pensar en su reinserción laboral posterior.
Finalmente, algunos parlamentarios criticaron que la discusión se diera en año electoral y que el debate pareciera apuntar directamente al presidente Boric, legislando "con nombre y apellido".
