Los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas y Jaime Naranjo, de la bancada del Partido Socialista (PS), anunciaron este miércoles una contraofensiva constitucional contra varios parlamentarios que, según afirmó The Clinic, han hecho contratos con el Estado.
Esto, en respuesta a la destitución de la histórica militante y senadora socialista Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional (TC) tras un recurso interpuesto por Chile Vamos y el Partido Republicano, tras la fallida compra de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), por parte del fisco.
Un reportaje de The Clinic reveló ayer que cinco diputados y senadores han mantenido acuerdos con el Estado que implicaron pagos con dineros públicos: los senadores Juan Castro (Partido Social Cristiano), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), y los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Ximena Ossandón (Renovación Nacional).
En una rueda de prensa, Manouchehri afirmó que, dado el precedente jurídico en el caso de Allende, el TC debería actuar de manera similar con los contratos de los mencionados congresistas.
"Hay un precedente jurídico y, ante ese nuevo precedente jurídico, se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos. Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del TC con contratos que se ejecutaron y que se encuentran, muchos de ellos, en este momento en ejecución", dijo el diputado.
"Nosotros vamos a analizar los antecedentes para poder ir al TC y poder comenzar la recolección de las firmas para esto", agregó Manouchehri.
También dijo que ya no tiene sentido pedir la renuncia de la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, por el escándalo de Allende, luego de que reconociera que sabía que la compra del inmueble no estaba permitida, pero que no informó al Presidente Gabriel Boric porque no era su rol.
Parlamentarios descartan irregularidades
Esta mañana, en el Congreso, el diputado Mulet descartó tener participación en la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, la cual —de acuerdo con el reportaje de The Clinic— tiene una radio en Vallenar que ha recibido pagos de municipalidades y servicios públicos.
De acuerdo con el reportaje, el candidato presidencial del FRVS se retiró de la firma un mes después de asumir como diputado en 2018, pero su esposa, Flavia Torrealba, presidenta del partido, quedó como contralora.
"Soy un muy buen abogado que estudió en la Universidad Católica, conozco mis inhabilidades y nunca he celebrado un contrato con el Estado, ninguno, porque yo salí de esa sociedad el día 8 de abril del año 2018 y antes del 8 de abril nunca hubo un contrato con el Estado en el periodo que pudo haberme significado alguna inhabilidad", dijo Mulet a la prensa.
A su vez, la diputada Ossandón aseguró que la Fintech llamada Cumplo Chile Spa, en la que tiene una mínima participación, no ha suscrito contratos con el fisco.
Según The Clinic, desde que la militante RN figura como socia de la compañía ha recibido más de 28.000 millones de Corfo y la Tesorería General de la República, debido a que aparece como receptora de fondos que quedaron en garantía por préstamos realizados por Cumplo Chile a numerosas empresas.
"Yo tengo un 0,6% de acciones de la empresa que se llama Cumplo, o sea, no tengo ninguna posibilidad ni de gestionar, ni tampoco de quiénes son los clientes de la empresa. Además, el punto no es ese: el tema es que Cumplo no tiene ningún contrato con el Estado y eso es lo importante", aseveró Ossandón desde el Congreso.
En tanto, el senador Cruz-Coke, que figura como arrendatario de una casona a la Junji, puntualizó que "si hubiera sido parlamentario el 2015, no habría podido celebrar ni caucionar contratos con el Estado, y el momento en que se celebra ese contrato, es el 2015, bastante antes de que yo fuese diputado". No obstante, el contrato y los pagos se extendieron hasta el periodo en que fue electo y ejerció.
Finalmente, el senador Espinoza, que participó de una sociedad dueña de una radio que vendía publicidad a municipios, precisó que "me retiré formalmente de la Sociedad Difusora Fresia Ltda. en 2005, lo cual quedó registrado entonces en el Diario Oficial, pensando en evitar cualquier incompatibilidad con mis funciones parlamentarias", aunque ingresó al Congreso en 2002.
"Reconozco que, por desconocimiento, no advertí que la sociedad seguía en el Registro de Comercio, situación que fue corregida posteriormente. Desde mi salida, no he tenido participación ni recibido jamás ningún beneficio personal por los contratos que esa sociedad haya suscrito con el Estado o un tercero", enfatizó el militante socialista.
