El proceso, que está en su etapa inicial, enfrenta un fuerte rechazo de dirigentes, que lo han calificado de "mala fe" y de carecer de legitimidad.
Comunidades y actores sociales plantean su suspensión.
El inicio del proceso de consulta indígena sobre un nuevo sistema de tierras ha enfrentado desconfianza y un fuerte rechazo por parte de algunos dirigentes mapuche.
Este mecanismo de participación, propuesto por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, busca abordar el sistema de tierras en 71 localidades de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Según los datos de la Unidad de Seguimiento de la consulta, desde el pasado 13 de agosto se han realizado jornadas de diálogo en 49 de las 71 localidades, todas en la etapa inicial de planificación.
Sin embargo, el proceso ha sido interrumpido y boicoteado por comunidades que acusan una falta de legitimidad y lo califican como de "mala fe".
Ana Llao, consejera mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y el werken de los territorios de Purén, Max Reuka, aseguraron que hay un "rechazo total" en el territorio.
"El Gobierno debe reconocer su error y terminar con la consulta, ya que hay un rechazo total desde el Biobío hasta Chiloé donde las comunidades han manifestado que no vamos a aceptar que personas ajenas vengan a resolver nuestros problemas sin conocer la realidad de cada una de nuestras comunidades", declaró Llao.
Coincidió Reuka: "En la última semana se ha reflejado en todos los territorios el rechazo total de esta consulta y su contenido, que carecen de legitimidad. Este proceso ha sido interrumpido y no se ha dejado a los operadores del Gobierno que lleven adelante la consulta, ya que esta consulta es de mala fe y lo único que busca es poner fin a la legítima restitución territorial".
Debido a estos inconvenientes, varios actores sociales y políticos han planteado suspender el proceso aún en su etapa inicial. La última fue la lingüista mapuche Elisa Loncon, antigua presidenta de la Convención Constitucional y actual candidata a senadora.
Pese a la oposición de un sector del pueblo mapuche, el senador por La Araucanía José García Ruminot (Renovación Nacional) defendió esta mañana, en El Diario de Cooperativa, que "con los ajustes que sean necesarios, la consulta indígena tiene que llevarse a cabo".
"Lo que más me piden en las comunidades es que no quieren más títulos colectivos; quieren títulos individuales de dominio. Entonces, hay quienes se oponen a ese tipo de medidas que, sin embargo, tienen un consenso enorme y son muy muy mayoritarias, tienen un respaldo muy mayoritario en las comunidades. ¿Cómo evito yo que eso se imponga? Impidiendo que se desarrolle la consulta indígena", reflexionó.
Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien copresidió la comisión junto al exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno, apuntó que "las elecciones te traen un conjunto de elementos en discusión en el debate, cuestiones ideológicas, las pasiones se elevan un poco y los dirigentes tendrán que ponderar adecuadamente el paso que tienen que seguir en la conducción de esos pueblos".
Desde el Ejecutivo, en tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, explicó que las comunidades no son homogéneas, y que se debe seguir adelante con la consulta, mientras que el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, admitió que la resistencia era algo esperado.
"Es esperable que en esta fase de planificación, cuando nos ponemos de acuerdo con las comunidades en cómo vamos a dialogar, se puedan producir fricciones, suspicacias y desconfianzas, y es propio de una zona que es muy compleja y por lo cual nosotros permanentemente hemos persistido en el diálogo", indicó Ramos.
"Jamás hemos pensado que un proceso de consulta iba a ser algo fácil, simple o que no iba a tener complicaciones. Esperamos que la vocación política histórica del pueblo mapuche prime y pueda llevarse a cabo la conversación sobre el fondo de la propuesta", subrayó la autoridad.
Las jornadas de diálogo están programadas hasta este sábado 30 de agosto, buscando definir quiénes y cómo adoptarán los acuerdos en el marco de esta consulta, que podría extenderse por cinco o seis meses.
