Un total de 90 familias de fallecidos en el megaincendio en la Región de Valparáiso, ocurrido en febrero del año pasado, interpusieron una demanda contra el Estado y diversas instituciones públicas, a quienes acusan de negligencia en la prevención y gestión de la emergencia.
El recurso legal, presentado en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, busca una indemnización de 49.500 millones de pesos, argumentando que la falta de medidas oportunas y la descoordinación de las autoridades fueron factores determinantes en la tragedia, que cobró la vida de 137 personas.
Las acciones legales estarían dirigidas contra el Fisco, Conaf, Gobierno Regional de Valparaíso y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, argumentando responsabilidades por falta de servicio en la tragedia.
"Que se haga justicia"
El abogado Felipe Olea, representante de 55 familias afectadas por la tragedia, explicó que el requerimiento "busca no solamente que se esclarezca la verdad, sino que se haga justicia", puesto que "creemos que no existe justicia mientras no haya reparación, y si la reparación tiene que ser económica, aun cuando ninguna cifra devuelva la vida de estos seres queridos, lo vamos a luchar".
"Sabemos que la litigación va a ser ardua, que nos vamos a enfrentar con autoridades que no solamente no reconocen su responsabilidad, sino que no temen mentir, ocultar información. No temen realizar ninguna granjería, en este caso, para cuidar su poder", enfatizó el querellante.
En esa línea, el jurista manifestó que "sabemos que va a ser difícil, pero ello no nos amedrentan y, por lo mismo, daremos una pelea en todos los escenarios: Si tenemos que litigar para de nuevo llegar hasta la Corte Suprema, como lo hicieron los colegas que demandaron (al Estado) por la familia Luchsinger Mackay, lo vamos a hacer".
La demanda podría convertirse en un caso emblemático, sentando un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a emergencias de gran magnitud.
Los cuestionamientos de otros abogados de las familias
En tanto, el abogado Raúl Meza, quien representa a treinta familias, asegura que hay una responsabilidad directa del Estado y de los municipios de Viña del Mar y Quilpué en las muertes.
"Aquí hay responsabilidades institucionales que deben hacerse efectivas. Quiero manifestar y emplazar abiertamente al Ministerio Público. Hay una negligencia inexcusable en la investigación por parte de la Fiscalía", acusó el abordado.
Según señaló, dicha entidad cree que "los únicos responsables son los autores materiales, pero no, aquí hay autoridades públicas -desde el Ministerio del Interior, Segpres, Gobernación Regional, delegaciones presidenciales y las municipalidades-, que no tuvieron los planes de evacuación y emergencia adecuados, vigentes y actualizados al momento que se produjo esta tragedia".
Por su parte, Gonzalo Yuseff, abogado de dieciséis familias afectadas, dijo que ven "con desesperanza cómo en la investigación penal solo se está castigando a los que iniciaron el fuego en Placilla, que queda a cuarenta o cincuenta kilómetros de acá. La pregunta que todavía queda abierta y que queremos que se responda en la investigación fiscal es cómo ese fuego llegó a una zona urbana y quemó áreas extensas y completas de una ciudad sin que hubiera un mecanismo de prevención".
"Toda esa responsabilidad civil debe ser esclarecida a través de la acción civil, y vamos a demandar los daños. Pero creemos que no puede ser que no haya formalizaciones respecto de personas que tomaron decisiones que fueron catastróficas", puntualizó.
En las próximas semanas se espera que el tribunal fije la fecha de la primera audiencia donde las familias buscarán justicia y respuestas.
