El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró este viernes que el Gobierno tiene "la obligación" de cumplir el fallo -de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- que dispone el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, que es habitada por cerca de 10 mil personas.
La resolución obedece a la solicitud de los dueños del terreno por acatar el fallo que el tribunal de alzada porteñó dictó el 23 de junio del 2023, y que el 22 de marzo del 2024 fue ratificado por la Corte Suprema.
"El Gobierno está en la obligación de cumplir esa sentencia judicial", aseguró el ministro Cordero, y agregó que "tan pronto se tuvo conocimiento del término de las negociaciones, la Subsecretaría del Interior, que es la que lleva a cargo esa coordinación, citó a ese comité (encargado de la coordinación de los desalojos) el 17 de septiembre".
"En lo que se refiere a la planificación policial, ha estado desarrollándose desde hace bastante tiempo, y los plazos van a ser aquellos que están vinculados a las coordinaciones habituales", complementó.
Por lo anterior, el titular de Seguridad Pública enfatizó: "En este punto quiero ser bien claro: nosotros debiéramos tener a esta altura cerca de 40 desalojos en contexto de tomas que se han ordenado por la Justicia y que se han ejecutado por las policías. Hay un protocolo de trabajo para este fin y esos desalojos hasta ahora han tenido resultados sin afectar la vida o la integridad de terceros".
El ministro aseguró que los desalojos ya realizados "han sido mayoritariamente pacíficos. Además de eso, disponen de un mecanismo logístico para su operación que ha dado éxito. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que esa sentencia se va a cumplir de acuerdo a los protocolos que hasta ahora se han fijado".
