La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el cumplimiento del fallo que dispone el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, que es ocupada por cerca de 10 mil personas.
La resolución obedece a la solicitud de los dueños del terreno por acatar el fallo que el tribunal de alzada porteñó dictó el 23 de junio del 2023, y que el 22 de marzo del 2024 fue ratificado por la Corte Suprema.
En ese sentido, el reciente documento de la Corte porteña sostiene que "en caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio de Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento".
Al respecto, Diego Pereira, abogado de la empresa dueña de los terrenos, sostuvo que "la resolución dispone el cúmplase del fallo, vale decir, el lanzamiento de los ocupantes y para el cumplimiento de aquello obliga a las instituciones mandatadas a implementar un lugar para albergar transitoriamente a los ocupantes luego del desalojo".
"En los próximos días presentaremos un escrito ante la Corte para que se exija a las instituciones mandatadas que informen de los avances en la constitución de los albergues y fije una fecha para el desalojo de los usurpadores", agregó el jurista.
Asimismo, el abogado Pereira indicó que "si las autoridades mandatadas por el fallo no cumplen con lo dispuesto en la sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, se entiende que desacatan la resolución".
"Ya han demorado más de un año y medio el desalojo, el Ministerio de Vivienda en definitiva no cumplió con ninguna de las condiciones establecidas en la mesa técnica y, por el contrario, buscó a través del método de las cooperativas lavar la cara de los usurpadores. Ahora corresponde que se cumpla la ley y que se acate la decisión de la excelentísima Corte Suprema de Justicia", arremetió el jurista.
La situación de San Antonio se suma a lo ocurrido en Quilpué, en la misma Región de Valparaíso, donde esta semana se concretó la demolición de las viviendas de la "Toma Calicheros", ubicada en terrenos pertenecientes al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario tras haber denunciado la usurpación.
Gobierno defiende su rol mediador
En respuesta al fallo, la Subsecretaría del Interior emitió un comunicado, en el cual asegura que "el Gobierno ha colaborado activamente, de acuerdo con sus capacidades y las condiciones planteadas por la justicia, para ejecutar el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema", citando específicamente la necesidad de conformar albergues para los desalojados.
"Este punto es del todo relevante, ya que es la propia justicia la que reconoce que el desalojo de las personas no puede llevarse a cabo con auxilio de la fuerza pública sino hasta que se cumplan las condiciones humanitarias necesarias", apunta el Ejecutivo.
En ese sentido, releva que "la Mesa de Coordinación Intersectorial Regional en materia de Desalojos para este caso se encuentra operativa, registrándose su última sesión el día 17 de septiembre, luego del término del trabajo de la Comisión Técnica a la que las partes encomendaron la búsqueda de un acuerdo. El objetivo es establecer y coordinar las condiciones del desalojo que fueron establecidas por la justicia. Se proyecta que la próxima sesión se desarrolle durante la próxima semana".
"De todas formas, tal y como lo ha señalado públicamente el ministro (de Vivienda) Carlos Montes, se sigue trabajando en la búsqueda de una solución para más de 10 mil personas. De hecho, durante estos meses se ha trabajado con las más de 40 cooperativas federadas que hoy se encuentran ahorrando para concretar la compraventa del terreno, entendiendo que el acuerdo ha sido que las familias sean corresponsables en la solución", recordó Interior.
Tras sostener que "la disposición al trabajo colaborativo con la inmobiliaria constructora San Antonio S.A. sigue firme", el escrito incluso aclara que "si bien el abogado de la empresa ha manifestado públicamente que no se les ha concedido reunión a través de la Ley de Lobby", esta cartera recibió una solicitud hoy mismo, mientras que la petición llegó a la Delegación Provincial Regional de Valparaíso el pasado martes.
