La investigación del bullado caso "Bruma", que busca esclarecer responsabilidades en el naufragio de la lancha en y la desaparición de los siete pescadores artesanales que iban a bordo, entró en una nueva fase: se envío a Europa de la "caja naranja" del pesquero de altamar "Cobra".
Este dispositivo, que por ley debe grabar audio y video en embarcaciones con piloto automático, no registró información la noche del incidente, un hecho que la Fiscalía busca esclarecer.
Según se detalló, el Ministerio Público envió la caja inicialmente al FBI en Estados Unidos, sin embargo, no hubo una respuesta satisfactoria. Por ello, ahora se determinó enviarlo a Francia para realizar el peritaje correspondiente.
La clave de la indagatoria reside en entender por qué no hay registro, siendo que el sistema debía estar completamente operativo.
La situación ha generado una fuerte controversia, con los cercanos de las víctimas insistiendo en la manipulación del dispositivo. El abogado Rafael Poblete, representante de las familias, fue enfático al señalar la importancia de la operatividad del equipo para la legalidad de la navegación del pesquero.
"Lo hemos dicho de un primer momento: si no hubo una manipulación, significa que ese barco no pudo haber salido a navegar. Y si no pudo haber salido a navegar, tiene que cancelarse la licencia. No puede haber, la ley Supersol no permite que salga un barco a navegar si es que no están los equipos operativos", afirmó el jurista, que reiteró que, si dicho dispositivo "no está operativo, tiene que cancelarse la licencia".
Por otro lado, la tripulación del pesquero "Cobra", a través de su abogado Alejandro Espinoza, manifiestan una postura opuesta, afirmando que "dicho dispositivo no es manipulable".
"Nos parece muy relevante que, ojalá, se pueda recuperar la información que estaba en ese dispositivo de grabación. Entiendo que no habrá resoluciones hasta que no se haga la diligencia", agregó.
