La Contraloría General de la República (CGR) emitió un nuevo informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde constató que, durante los años 2023 y 2024, 13.286 funcionarios asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el país mientras estaban con licencia médica.
La información surgió luego de que el ente contralor cruzara datos aportados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
El total de individuos anteriormente mencionados, según Contraloría, presentaron un total de 14.599 licencias médicas, y 1.486 de ellos ya habían sido identificados en mayo de 2024 como alguno de quienes, estando con licencia médica, viajaron fuera del país.
El informe contabilizó un total de 14.923 asistencias a casinos, siendo los recintos ubicados en O'Higgins (3.376 registros; un 23%), Biobío (2.180 registros, el 15%), y Valparaíso (2.162 ingresos, un 14%) los que concentraron la mayor cantidad de visitas.
Más abajo, se encuentran Los Lagos (1.454, un 10% del total) y La Araucanía (1.125, equivalente al 7%).
Entidades y servicios implicados
Las entidades con mayor incidencia en este caso son las municipalidades, con un 30%, y hospitales y servicios de salud con un 29%.
Entre los servicios con mayor cantidad de licencias y que presentan ingreso en establecimientos de azar, en tanto, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji, 516 licencias); Fundación Integra (480); el Servicio de Salud de Concepción (332); Servicio de Salud de O'Higgins (233); Corporación Nacional del Cobre (211); y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota (182).
Por estos hechos, la Contraloría notificará a las instituciones, con el fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor.
La información y sus documentos de respaldo se enviarán a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), para que efectúen las acciones que les corresponden en virtud de sus facultades legales.
Los antecedentes también fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que procedan.
