La bancada del Partido Republicano anunció este martes que buscará en el Tribunal Constitucional (TC) la cesación en sus respectivos cargos de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su tía y senadora Isabel Allende -ambas militantes socialistas-, después del polémico y fallido proceso para comprar -por parte del Ejecutivo- la residencia del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) en Providencia.
"La causal aquí se ha provocado, entonces, estamos en una situación muy grave", dijo el diputado Luis Sánchez.
"Tenemos una ministra de Estado y una senadora que están de facto, de pleno derecho, cesadas en el cargo, que siguen ejerciendo todas las funciones y las potestades que tienen producto de este cargo y que no las debiesen estar ejerciendo", agregó el parlamentario.
Según aseguró Sánchez, existe "una afectación a nuestra democracia gravísima de la cual el Presidente de la República no se está haciendo cargo y, por lo tanto, nos obligan al Congreso Nacional a ejercer las facultades que tenemos; en este caso, acudir al Tribunal Constitucional, y ojalá que el TC se pronuncie a la brevedad".
En esa línea, la bancada republicana llamó públicamente a Fernández a tomar ella la decisión de renunciar a su cargo en el Gobierno.
Por su parte, desde la UDI están de acuerdo con esta acción, aunque no tienen fe en su resultado.
"Los fallos del TC en el último tiempo han sido extremadamente políticos, y la presidencia del organismo ha actuado como una caja de resonancia del Gobierno del Presidente Boric", acusó el diputado gremialista Juan Antonio Coloma.
"Lamento que discutamos legalidades y no necesidades", dice Vodanovic
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó su molestia con la decisión de la oposición, que a su juicio es una muestra "de una derecha dura que no le interesa la gente, que no entiende que aquí se agotó un tema".
"Aquí hay una responsabilidad política asumida. (La derecha) tiene la facultad de hacer esta acción; no objeto eso, sino que objeto el ánimo. Además, hoy vemos cómo se oponen a entregar mejores pensiones a chilenos y chilenas", criticó la timonel.
"Así que, la verdad, no me llama la atención: lamento que discutamos legalidades y no las necesidades de las personas. Lo que corresponde es que se pronuncie un órgano (el TC) y respetaremos esa institucionalidad, tal como lo hemos hecho en todos los juicios", subrayó Vodanovic.
Senadora Allende: "Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, conflictos de interés y lucros"
Durante esta tarde, la senadora Isabel Allende (PS) abordó la fallida compra del inmueble y enfatizó que "hemos desistido de un proceso –que no ha concluido por cierto-, pero cual evidentemente va a darse por terminado".
"Quiero agregar que toda la actuación de la familia fue de buena fe, y si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta y se verán", declaró.
En esa línea, respondió al Partido Republicano y reparó en que "si la oposición acude –como lo ha anunciado- al Tribunal Constitucional está en su pleno derecho, como estamos en pleno derecho de como familia, o en este caso senadora, defendernos".
"Para este caso, entregamos un mandato al abogado Gabriel Osorio (PS) para que nos represente como familia. Y así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento de que también se conozcan los hechos y poder defendernos", aseveró.
Para concluir, la senadora Allende hizo hincapié en que "nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, conflictos de interés, lucros, negociados, en nada. Creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera".
La parlamentaria se retiró del punto de prensa en el Congreso acompañada de la timonel socialista y compañeros de partido sin responder preguntas.
Gobierno insiste que proceso compraventa no terminó de tramitarse
Por su parte, desde el Ejecutivo han insistido en que el contrato de compraventa de la residencia no se logró a concretar, ya que en la Constitución impide que un parlamentario o ministro de Estado participe de contratos con el Estado.
Por ello, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que se puso fin al contrato porque "existe esa disposición en la Constitución" y aclaró que este tampoco "terminó de tramitarse, por eso se pudo resciliar, sino no se hubiera podido".
En tanto, la ministra (s) Vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que el proceso cuenta con varias etapas y aclaró que "la firma de una escritura de compraventa en la notaria y su protocolización, ese acto ocurrió".
Sin embargo, reparó en que "ese fue el momento donde se interrumpió el proceso y se decidió no continuar con la compra".
"El proceso tenía un objetivo que era la adquisición de este bien inmueble y ese objetivo no ocurrió. Por lo tanto, hasta ahora los actos que ocurrieron no tuvieron consecuencias concretas", afirmó.
"Esa es la posición del gobierno. No hay una transferencia de recursos, no existió transferencia de propiedad, nada de eso ocurrió. Faltaban muchos pasos para que eso pasara. Por lo tanto, no hay una consecuencia, hay un debate que es político", concluyó.
De todas formas, desde la oposición señalan a que con ese primer paso del contrato -que cuenta con la firma del Presidente de la República- se puede configuar la inhabilidad de la senadora Allende en el Parlamento y la líder de Defensa, Maya Fernández.
La polémica y fallida compraventa
El Gobierno decidió no adquirir la casa del antiguo mandatario y fundador del Partido Socialista (PS) en calle Guardia Vieja, cuyo precio superaba los 900 millones de pesos, debido a que una de las propietarias es su nieta: la secretaria de Estado.
El fallecido presidente vivió en dicho inmueble junto a su familia, siendo posteriormente heredada a su hija, la senadora Allende, quien se la vendió a sus sobrinos Alejandro y Maya Fernández, en 1998.
La fallida transacción siguió escalando en La Moneda al punto de que el Presidente Gabriel Boric pidió ayer la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien lideró las gestiones para la venta de la casa.
En medio de la polémica, la familia de Salvador Allende salió a defender el proceso y, también, a respaldar la decisión de La Moneda de no perseverar en la compra tras las críticas: "Nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con los sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo", resaltó la sucesión.