El Ministerio de Seguridad Pública ha enfrentado diferentes críticas a solo 24 horas de su instalación.
En su primer día en el cargo, el secretario de Estado reconoció su preocupación por la criminalidad adolescente.
Parlamentarios de oposición citarán al recién asumido ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para evaluar la estrategia para enfrentar delitos en los que participan jóvenes y adolescentes.
Recién instalada la cartera, el secretario de Estado ya ha enfrentado críticas que acusan improvisación, incluso desde el oficialismo. Esto, respecto al nombramiento de los seremis interinos que en algunas regiones se repiten, es decir, el seremi de Justicia o de Gobierno o el coordinador regional de Prevención es el mismo seremi de la nueva institucionalidad.
"Hoy día no estamos para que haya la misma persona asumiendo dos funciones, como es el seremi de Justicia y Derechos Humanos y la seremi de Seguridad Público, producto de que ambos son temas muy sensibles y tienen que tener dedicación exclusiva", afirmó el diputado radical Tomás Lagomarsino.
En una línea similar, el diputado Eric Aedo (DC) enfatizó que "el combate al crimen organizado no se enfrenta con interinos y el gobierno tuvo bastante tiempo para buscar a alguien con ese perfil más técnico y no improvisar como lo está haciendo en este instante.
En tanto, para ser seremi de Seguridad existen requisitos específicos como tres años de experiencia profesional en seguridad o prevención del delito o áreas a fines, o acreditar seis años de experiencia profesional.
Por otro lado, en su primer día en el cargo, el ministro Cordero reconoció su inquietud por un alza en los menores de edad que cometen delitos, y en especial de aquellos que utilizan armas.
Dado lo anterior, el diputado Henry Leal (UDI) manifestó que "vamos a citar a la Comisión de Seguridad al ministro Cordero, queremos saber cómo va a enfrentar la delincuencia en la que están involucrado estudiantes y adolescentes".
Asimismo, emplazó al Ejecutivo y señaló que "nos parece prudente que el Gobierno se decida, tenemos que rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente, tenemos que subir las penas, porque no nos parece correcto que un joven adolescente en caso de homicidio tenga una pena máxima de cinco años".
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que "el Gobierno no ha tenido una actitud proactiva en la tramitación de estas modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Cuántas víctimas más necesita este país para que se den cuenta que los menores que cometen delitos violentos no pueden seguir cumpliendo penas en libertad o con penas decorativas que no disuaden a nadie, con un garantismo, además, exacerbado?".
"A un menor entre 14 y 16 años hoy día la pena máxima, si es que se la dan, que es difícil, es de cinco años. Eso es intolerable", agregó.
La última modificación de la Ley de Responsabilidad Adolescente se realizó en el 2023, durante el Gobierno del Presidente Boric, donde se estableció que las personas entre los 14 y 18 años son responsables ante la ley penal. Ante penas privativas de libertad no son enviados a recintos carcelarios de adultos sino a centros especiales. Antes de este cambio, los adolescentes eran imputables.
