El ente fiscalizador concluyó que el sistema fue operado "en condiciones inseguras".
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció este lunes la formulación de cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas eléctricas, tras cinco meses de investigación sobre el megacorte de energía que afectó al 98,5% de la población del país el 25 y 26 de febrero.
Según la entidad, el Coordinador operó el sistema "en condiciones inseguras", una de las principales fallas detectadas en la indagatoria.
La superintendenta, Marta Cabeza, explicó que el Coordinador Eléctrico Nacional habría mantenido el corredor Nueva Maitencillo - Polpaico transmitiendo a 1.800 MW, superando el límite de seguridad de 1.600 MW establecido en sus propios estudios.
"Por ello, la Superintendencia formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema", indicó.
Junto a esta acusación, se formularon cargos contra ocho empresas, entre ellas Interchile, Transelec, NG Energía, CGE Transmisión, Alfa Transmisora y AES Andes, por presuntas irregularidades y mal manejo del apagón, mientras que Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales también enfrentan cargos por instalaciones que se desconectaron durante el evento.
"La ley le asigna a todos los actores un rol. Dentro de esa asignación de roles también está la asignación de las responsabilidades. Ahí veíamos, por ejemplo, que la empresa Transelec se le formuló cargos por no tener disponible su SCADA, que es la función que tenía que tener para ese momento. Otras por no tener los sistemas operando como debían, otras por haber hecho operar las protecciones antes del tiempo señalado", precisó la superintendenta Cabeza.
Por ahora, las empresas tienen un plazo de 15 días para presentar sus descargos formales ante la superintendencia. La SEC evaluará estos antecedentes para determinar si hubo fallas y si procede un proceso sancionatorio.
De ser encontradas culpables, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que los directivos del Coordinador arriesgan una sanción de 30 UTA cada uno, que deberán pagar de su bolsillo.
El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó la importancia de los cargos formulados, calificándolos como "un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió" y "establecer responsabilidades claras" por el apagón, que generó pérdidas económicas estimadas en 450 millones de dólares.
El ministerio se comprometió a seguir trabajando para que cada eslabón del sistema eléctrico cumpla con su labor y así evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir.
Desde el Congreso también celebraron la noticia, el diputado Jorge Brito (FA), presidente de la comisión investigadora del apagón, valoró la formulación de cargos y afirmó que "esto llega a tiempo, dado que la comisión el día de hoy votará las recomendaciones en donde estamos proponiendo el aumento de multas, como además también el impedir el retiro de las utilidades de las empresas que son multadas".
"El año pasado una de las empresas multadas fue la que más utilidades obtuvo en todo el país, según la Comisión de Mercado Financiero", complementó.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, Marco Antonio Sulantay (UDI), destacó como positivo que "la SEC esté tomando el rol para el cual fu diseñada, para fiscalizar con fuerza respecto a los eventos o incidentes de este tipo".
No obstante, reparó en que "lo ideal sería que su labor se enfocara también en prevenir este tipo de incidentes. Creo que ahí está al debe respecto a la fiscalización previa".
Por su parte, desde el Coordinaron Eléctrico Nacional remitieron un comunicado en el que reafirma su compromiso con una operación segura, a mínimo costo y acceso abierto al sistema eléctrico nacional.
"El Consejo Directivo del Coordinador, en marco de la normativa e institucionalidad del sector, se encuentra analizando los cargos y ejercerá su derecho a defensa aportando todos los antecedentes necesarios, con la convicción de que este procedimiento debe regirse por los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia", afirmaron.
La empresa CGE declinó referirse a la situación; mientras, las otras empresas no se han manifestado sobre los cargos.
