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¿Discriminatorio?: Las dudas que abre el "certificado laboral"

Publicado:
| Periodista Digital:Viviana Coloma Arce

Aunque la empresa defiende que su uso es voluntario, expertos cuestionan la legalidad del acceso mediante Clave Única y alertan sobre eventuales infracciones a normas laborales.

La CUT solicitó el pronunciamiento a la Dirección del Trabajo exigiendo "claridad legal, límites éticos y mecanismos de fiscalización" que garanticen la privacidad, la igualdad de oportunidades y la buena fe en el empleo".

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Una intensa discusión abrió esta semana el "certificado laboral" que ofrece la empresa Cualiffy para que los postulantes a un empleo muestren al reclutador un documento con la recopilación de sus antecedentes personales.

La herramienta, explica la empresa, verifica en línea, a través de la Clave Única del trabajador, los antecedentes del Poder Judicial, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), la Defensoría Penal Pública, el Registro Civil y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

La propia startup precisa que los registros del Poder Judicial y la Defensoría permitirán verificar los antecedentes penales e inhabilidades laborales del postulante. El Registro Civil y el SII hace lo propio con inhabilidades para conducir, el historial de boletas y flujos de pagos del trabajador. En tanto, desde la AFC y el Compin, el solicitante al empleo obtiene información sobre juicios laborales, contrataciones y su historial de licencias médicas.

Es precisamente este último punto el que despierta más críticas entre parlamentarios y abogados que adiverten que la solicitud de un certificado laboral de estas características podría generar una discriminación a la hora de postular a un empleo.

¿Es discriminatorio?

El senador socialista Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Trabajo, comentó a Cooperativa que "hay informaciones que son personales y eso no se tiene que transgredir con este tipo de empresas que se dedican a ganar recursos a partir de información de las personas".

"Los pacientes tienen el legítimo derecho a tener ciertas reservas porque son patologías que pueden estarla padeciendo algún ciudadano y que requieren cada cierto tiempo alguna licencia", añadió al recordar que en los derechos al paciente, en Chile, la información sobre la salud debe ser tratada con privacidad y confidencialidad.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtió que este certificado "podría instaurar barreras y prácticas discriminatorias en los procesos de contratación", por lo que pidieron el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo exigiendo "claridad legal, límites éticos y mecanismos de fiscalización que garanticen la privacidad, la igualdad de oportunidades y la buena fe en el empleo".

El diputado de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano (FA), también pidió un oficio a la DT, pero además al Consejo para la Transparencia.

El parlamentario expuso que "ya hay trabajadores que enfrentan obstáculos para acceder a un empleo por razones que nada tienen que ver con su capacidad, y si legitimamos esto por la vía tecnológica, estaremos retrocediendo décadas en derechos laborales".

La abogada laboral y socia de RMR Laboral, Francisca Montenegro, precisó a Cooperativa que el certificado "da pie para la comisión de infracciones laborales porque, en el fondo, la finalidad de ese certificado es que el futuro empleador conozca datos personales de los trabajadores que le permitirían generar una discriminación arbitraria que está prohibida en la ley laboral".

Giordano y Montenegro apuntaron a una eventual infracción al Artículo 2 del Código del Trabajo que prohíbe toda forma de discriminación arbitraria en el acceso al empleo por razones de salud, condición sindical, edad, entre otras.

"Si bien este certificado no dice el diagnóstico, sí puede revelar enfermedades bases que sean de largo tratamiento, como el cáncer, y permite que el empleador discrimine sobre la base de esa información", resaltó la abogada laboral.

La abogada Constanza Pasarin, manager de protección de datos en Ecija Chile, afirmó a Cooperativa que, "a mi juicio, efectivamente, se está vulnerando el derecho a la protección de datos personales, puesto que se están recogiendo datos que no son necesarios ni proporcionales para la finalidad en específico, que en este caso sería obtener un empleo".

La también directora de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos (AGPD) sostuvo que la empresa "se ampara de alguna forma en que el titular o el candidato entrega su consentimiento para poder recoger estos datos. Sin embargo, en un contexto laboral, este consentimiento, que debe ser libre por ley, no lo sería, puesto que la relación entre un potencial empleador y un candidato no es una relación horizontal. Hay una relación de futura dependencia que no permite negociar de las mismas formas".

Montenegro, por su parte, enfatizó que "la única información que le va a dar este certificado es información personal del trabajador, que no apunta a las calificaciones del trabajador para el empleo que le está ofreciendo. Por lo tanto, uno podría decir que se pide solamente para discriminar, porque qué otra finalidad tiene ese certificado para un futuro empleador si no es saber si una persona tiene licencias médicas, si no es saber si una persona tiene juicios anteriores con otros empleadores".

"Voluntario"

Sobre estas críticas, Andrés Rosenkranz, director de Cualiffy, defendió en Cooperativa que "el uso del certificado es completamente voluntario, y el postulante tiene el control absoluto sobre su información".

"La plataforma -agregó- ofrece cinco tipos de certificados, cada uno con distinto tipo de información cuantitativa que los postulantes pueden generar y compartir de acuerdo con lo que consideren relevante para el proceso de selección".

Por ello, añadió Rosenkranz, "no hay ninguna obligación de solicitar este certificado y los usuarios deciden en todo momento si desean generarlo y compartirlo".

El diputado Giordano, sin embargo, advirtió que "lo que hoy se presenta como voluntario, mañana puede transformarse en requisito y quien no quiera entregar esta información podría verse perjudicado".

Uso de la Clave Única

El "certificado laboral" además abrió otro debate respecto al uso de la Clave Única. El trabajador que adquiera el documento debe entregar a la startup su contraseña que da acceso a la identidad digital de las personas.

El director de Cualiffy sostuvo que "el proceso es completamente voluntario: el postulante elige si desea utilizarla para generar el certificado. Sólo el postulante tiene acceso a su información y decide si la comparte o no. Cualiffy respeta la privacidad de los usuarios en todo momento, ya que no almacenamos ni compartimos sus datos con terceros".

"Estos certificados -añadió- están pensados para dar transparencia y respaldo, sin emitir juicios cualitativos. El foco es siempre información objetiva y verificable".

Sobre el uso de la clave, la abogada Constanza Pasarin afirmó que "si uno ingresa a los términos y condiciones del portal de la Clave Única, indica en varias ocasiones que los usuarios o usuarias deben usarla únicamente para su autenticación" a la vez que "está prohibido el uso de herramientas de automatización como scripts, bots, macros, técnicas de web scrapping o cualquier otro mecanismo que permita acceder, autenticarse o realizar reacciones de manera no manual".

"Yo entendería que un sistema de tecnología de este nivel caería dentro de una de estas hipótesis, por tanto sería ya cuestionable el uso que están haciendo, puesto que si bien ellos dicen que no la van a usar más que para validar la identidad, hay personas que hicieron el ejercicio de comprar el certificado y entendieron que de alguna forma se quedó logueado y lo estaban usando para acceder a los portales. Entonces ya del nivel técnico no queda claro que solamente sea para autentificar", dijo.

Pasarin afirmó que "si esta empresa utilizara esta clave o estas autentificaciones para otras finalidades o accediendo un poco, entre comillas, a la autorización que fue dada, incluso podríamos estar en hipótesis de delitos informáticos, por ejemplo, como el acceso ilícito, es decir, que se sanciona penalmente a quien acceda sin autorización o accediendo su permiso, etcétera. Por tanto, incluso podríamos hablar de una arista penal que podría incluso acarrear responsabilidad penal".

El ingeniero informático Arturo Mantinetti, CEO y CTO de GoFirmex, advirtió que "cuando una empresa pide la Clave Única directamente al usuario, aunque sea con fines legítimos, expone a esa persona a vulnerabilidades innecesarias, a fugas de información, accesos indebidos y errores. La persona está entregando, sin saberlo, su identidad digital a un tercero".

Por ello, puntualizó, "necesitamos establecer reglas claras y seguras para que los servicios digitales puedan desarrollarse sin poner en riesgo la privacidad de las personas. No se trata de impedir el acceso a información oficial cuando el ciudadano lo desea, sino de evitar que se haga mediante mecanismos que lo expongan innecesariamente".

Sin embargo, el director de la startup afirmó que "los postulantes tienen control absoluto sobre su información y deciden cómo compartirla, contribuyendo así a una mayor transparencia en los procesos de selección".

Mientras la empresa defiende que el "certificado laboral" es voluntario y transparente, permitiendo a los trabajadores tener un mejor posicionamiento a la hora de postular a un empleo, diversos expertos advierten que su uso podría abrir la puerta a nuevas formas de discriminación encubierta y a una vulneración de derechos fundamentales.

Por ahora queda esperar la voz de la Dirección del Trabajo que, hasta el cierre de este reportaje, no ha emitido un pronunciamiento o comunicado al respecto.

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