La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este sábado el plan presentado por el Gobierno para iniciar el proceso de desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.
"Habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional", detalló la resolución.
El Gobierno entregó el viernes al tribunal de alzada el plan para ejecutar el desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas del asentamiento ilegal. El documento -de carácter reservado- incluye detalles sobre la magnitud de la población que vive en el sector, la disponibilidad de contingente policial y la coordinación con otros eventos masivos en la región.
De todas maneras, el Ejecutivo optó por no informar la fecha exacta del operativo, argumentando razones de seguridad.
Mientras tanto, el municipio de San Antonio habilitó el Colegio España como albergue temporal para quienes resulten desalojados, con capacidad para 116 personas -equivalente a unas 38 familias- pese a que en el terreno existen más de 4.000.
El gimnasio del recinto funcionará como refugio por tres días para grupos prioritarios, como embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños, y contará con servicios básicos, aunque sin permitir el ingreso de mascotas.
Gobierno destaca la medida
El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, afirmó que están "muy conformes con que la Corte de Apelaciones de Valparaíso haya acogido nuestro escrito, nuestra presentación sobre el plan de desalojos de la megatoma en el sector Cerro Centinela en San Antonio".
La autoridad también destacó que este plan se alinea con el proyecto habitacional diseñado para la zona, y que ya se han iniciado reuniones de coordinación para su implementación.
Este avance se produce luego de que el Gobierno publicara esta semana el decreto para expropiar más de 110 hectáreas del terreno donde se asienta la megatoma.
El Ejecutivo justifica la expropiación por considerarla una solución a un "problema humanitario" de gran envergadura. Se estima que más de 3.000 niños residen en el lugar, y la situación genera elevados costos sociales y económicos tanto para las familias, la ciudad de San Antonio y también para el Estado.
El Ejecutivo justifica la intervención en el Cerro Centinela como una solución a un "problema humanitario" que afecta a más de 3.000 niños, argumentando los elevados costos sociales y económicos que genera el asentamiento. (FOTO: ATON)
Análisis legal de la expropiación
Para clarificar el marco legal, el abogado Patricio Meza, socio de grupodefensa.cl, enfatizó que el Estado tiene la facultad de expropiar y recordó que "el derecho de propiedad no es absoluto, tiene una función social".
Asimismo, afirmó que "los dueños, en este caso de los terrenos, no se pueden negar a ello (la expropiación). Por lo menos, tienen derecho a objetar la pericia respecto del valor por el cual se va a expropiar y, por lo tanto, se puede generar ahí una disputa legal respecto al valor de la indemnización".
Respecto a la perspectiva de los pobladores y el derecho a la vivienda, Meza señaló que "el derecho humano que tienen todas las personas a la vivienda no está consagrado expresamente en nuestra Constitución, pero sí podríamos señalar que es una obligación para el Estado en virtud también de los tratados internacionales".
La acusación constitucional contra Montes
De todas maneras, la decisión del Gobierno de expropiar más de 110 hectáreas en la megatoma de San Antonio sigue provocando una ola de críticas desde diversos sectores políticos, que incluso barajan la posibilidad de una acusación constitucional contra Montes.
Aunque la opción de un libelo contra el secretario de Estado ya tiene algunos respaldos parlamentarios, sobre todo de oposición, hay otras miradas oficialistas que califican esta opción como exagerada.
"Nos puede gustar o no la solución que planteó el Gobierno respecto a la megatoma de San Antonio, pero de ahí a que la oposición esté pensando en presentar una acusación constitucional contra el ministro Montes me parece una absoluta exageración", afirmó el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD).
De todas maneras, el parlamentario hizo notar su preocupación por el precedente que se podría sentar el anuncio del Gobierno: "Como representante de la Región de Los Lagos, me parece un tremendo y muy mal precedente que se utilicen en esta megatoma recursos de vivienda que deberían ir en beneficio de miles de familias del sur de nuestro país", cuestionó.
La decisión gubernamental ha desatado una ola de críticas políticas y la oposición evalúa una acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. (FOTO: ATON)
"Pésima señal. Incentiva las tomas, se saltan la fila, se gastan la plata de todos los chilenos, pero hay que ver bien si esto da piso para una acusación constitucional", indicó , por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI).
De todas maneras, el legislador opositor advirtió que, "de ahí a decir que una expropiación está contra la Constitución, me parece que hasta ahora con los antecedentes que tenemos no hemos llegado a ese punto".
El monto de la expropiación se estima en alrededor de 11.000 millones de pesos, fondos que inicialmente estaban destinados a otras iniciativas en regiones como Aysén, Los Lagos, La Araucanía y Los Ríos, pero que el ministro Montes aseguró que corresponden al presupuesto 2025 para campamentos y están disponibles.
