El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, afirmó este jueves que seguirán buscando "alternativas" ante el inminente desalojo de la megatoma de San Antonio tras el fracaso de la mesa técnica de negociación que buscaba regularizar el terreno, que concluyó ayer sin acuerdo de compra.
El cierre sin acuerdo de la mesa técnica para la eventual compraventa del terreno de la mega toma de San Antonio genera incertidumbre respecto a un eventual desalojo del terreno, donde viven cerca de 4.000 familias (aproximadamente 10.000 personas).
La orden de desalojo emitida por la Corte Suprema, cuya ejecución fue suspendida en febrero con la finalidad de levantar la mesa técnica de negociación para mediar la compra del terreno por parte de los pobladores, que ahora están organizados en cooperativas de vivienda.
Pese a la negativa en las negociaciones, el titular del Minvu fue enfático en señalar que desde el Gobierno seguirán buscando soluciones: "Pensar de que aquí la ley establece que tiene que cumplirse (el desalojo), pero también hay que buscar alternativas que permitan que las partes se pongan de acuerdo".
"No quiero hablar de los dueños, la rigidez de los dueños o la generosidad o amplitud de los dueños. Quiero decirles que no se logró acuerdo, pero que no se ha terminado el tiempo para buscar acuerdo", puntualizó el secretario de Estado.
En ese sentido, Montes señaló que existía "un acuerdo de confidencialidad, pero ellos (los abogados), antes de entregar este informe a los dueños, no deberían (manifestarse). Muchos de los dichos que tienen no son efectivos, y yo no voy a dedicar tiempo a hablar".
"Estos no son los dueños, estos son los abogados de los dueños a los que contrataron esta comisión técnica. Ellos hacen esas afirmaciones, pero son discutibles", cuestionó el ministro.
La postura de los abogados
De acuerdo con la inmobiliaria San Antonio, la instancia impulsada por el Gobierno fracasó debido a que no se presentó información fidedigna sobre los interesados en comprar, no había condiciones para la adquisición del terreno en un solo acto, ni tampoco las garantías respectivas por parte de una entidad bancaria para cerrar el negocio.
En tanto, según afirmó el Gobierno, el principal obstáculo fue la discrepancia en el precio. La tasación oficial estimó el valor del metro cuadrado en 0,21 UF, mientras que la oferta final de los propietarios, aunque rebajada, se situó en 0,4 UF.
"Acá no se trata del precio. A la fecha los propietarios no saben quién compra, cómo y quién financia la operación de compra y si existen o no garantías de por medio. Hace un año y cinco meses que los propietarios han postergado el desalojo", afirmó el abogado representante de los dueños del terreno, Rodrigo Pereira.
"Han rebajado el precio del terreno pasando de 0,69 UF metro cuadrado a 0,4 UF metro cuadrado, lo que en términos prácticos significa más o menos 25.000 millones de pesos de diferencia en su contra. Creo que personas que están dispuestas a hacer ese sacrificio por dicha cantidad de dinero y postergar todo este tiempo un desalojo, no se les puede acusar bajo ningún respecto de intransigentes", complementó el jurista.
Vecinos consideran inviable el desalojo
El fracaso de las negociaciones cayó como un balde de agua fría sobre las familias que esperaban regularizar su residencia, las que además alertó que "no están las condiciones" para desalojar a más de 10.000 personas, de acuerdo con Mario Reyes, vocero de la Federación de Cooperativas de Vivienda.
"¿A dónde nos van a llevar? Aunque (el municipio) desocupe todos los colegios y los liceos de la comuna, no hay espacio, no hay abasto. ¿Dónde meten a los estudiantes? Tenemos dos estadios grandes, y puede entrar hasta el estadio de Cartagena, pero tampoco nos pueden meter ahí, porque la Corte ordena que tengamos lo básico: agua, energía eléctrica, cobijo, alimento y baños", apuntó el dirigente.
La situación también generó críticas por parte del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien acusó una falta de capacidad del Gobierno para resolver este tipo de problemáticas, advirtiendo que un desalojo podría desencadenar una "crisis humanitaria" en la región.
