Este lunes se puso en marcha el operativo de desalojo de la toma Calicheros de Quilpué, ubicada en terrenos pertenecientes al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario en 2020, cuando realizaba gestiones para recuperarlos.
A la espera del ingreso de la maquinaria pesada para iniciar la demolición, mañana martes, durante esta jornada se vio a pobladores retirando enseres y desarmando sus construcciones.
Esta situación transcurrió con normalidad y sin incidentes, con presencia de policías y equipos de servicios públicos.
La restitución del predio fue ordenada por la justicia tras años de lucha de la familia Correa, y podría implicar el derribo de 120 estructuras, entre casas y bodegas.
Este lunes la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó una nueva acción judicial impulsada por los ocupantes para evitar el desalojo.
"Todos sabemos que estamos en un terreno que no nos pertenece"
Entre ellos, las opiniones son divergentes. Yasmín Durán, dirigente del sector, afirmó: "Aquí hay una orden de demolición sobre 43 casas y mi casa no está dentro de las 43 casas que tienen que demoler... ¿Por qué me tengo que mover de mi casa?".
"Ya estoy cansada de litigar por la prensa. Hay unas irregularidades muy grandes, una jueza se inhabilita, después vota, nosotros tenemos orden de protección, no la están pescando", criticó.
Sandra, otra vecina, criticó a Durán por no priorizar a las familias y recordó que "hay niños, adultos mayores y personas con discapacidades, y ella siempre (está) diciendo que no la pueden sacar. Pero, perdón, todos sabemos que estamos en un terreno que no nos pertenece".
Catastro de familias
El delegado presidencial en la Provincia de Marga Marga, Fidel Cueto, explicó que se otorgó un plazo adicional para realizar el catastro y evaluar las condiciones de cada familia, de las cuales ya se contabilizan 40 registradas, y ratificó que "mañana comienza, en sí, la tarea de demolición".
El catastro permitirá brindar apoyo social a cada familia: "Hay diferentes ayudas dependiendo de cada caso, dependiendo del Registro Social de Hogares y de si tienen o no vivienda, porque nos hemos encontrado que hay gente que tiene vivienda en otra parte".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se presentó en el lugar. Su director regional, Fernando Martínez, criticó que el organismo no fuera incluido en las mesas técnicas previas: "Lo que hemos tenido en ocasiones anteriores ha sido participación en mesas interinstitucionales que se han preocupado de los desalojos. En esta oportunidad, también hicimos saber nuestra disponibilidad para participar en esas mesas. No se ha producido esta participación hasta ahora recién hoy a las 15:30 de la tarde, que tenemos una reunión (programada)", indicó.
Al respecto, Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, expresó en redes sociales: "La justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria. Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible".
