Este lunes comienzan oficialmente los trabajos de desalojo y posterior demolición de las viviendas en la toma Calichero, ubicada en el terreno de la familia Correa, en Quilpué.
La medida sigue a la ratificación judicial, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara una solicitud de orden de no innovar presentada por los ocupantes del terreno.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, detalló que la primera fase del operativo incluirá acciones sociales y migratorias, las cuales estarán bajo la supervisión del municipio, la Policía de Investigaciones (PDI) y otros servicios públicos.
Entre las acciones planificadas, se contempla la revisión de mascotas y animales de granja, así como la habilitación de albergues.
"También tenemos definido en conjunto con el municipio y el resto de las instituciones los albergues para las personas y también la situación respecto de mascotas y animales de granja," afirmó Riquelme, que precisó que el martes “inicia el proceso de demolición propiamente tal".
La autoridad enfatizó la coordinación y el respeto a los afectados: "Todo esto se está haciendo en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen, para llevar adelante un proceso con respeto a los derechos fundamentales de las familias", puntualizó.
La empresa adjudicada por el Serviu ya está preparada para ejecutar las obras, marcando el fin de la ocupación en este terreno.
Representante de la toma: "Esperamos que se cumpla el Estado de derecho, pero no de manera unilateral"
Gustavo Sepúlveda, integrante del Movimiento de Pobladores Unidos y representante de la toma de Quilpué, se refirió a la demolición y a los requerimientos que han presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que pese a que ha desestimado los últimos alegatos, ya presentaron uno nuevo.
"Esperamos que efectivamente sí se cumpla el Estado de Derecho que tanto se ha pronunciado, pero no de una manera unilateral que ha sido hasta el momento, sino que sea de manera conjunta, incluso para las víctimas de esta demolición", planteó.
En ese sentido, reparó en que "lo principal, el recurso de protección sigue activo, sigue vigente e incluso las autoridades deben informar. Por tanto, el abogado, por otro lado, tiene su derecho a apelar y justamente hará aquello con la resolución. Hará una reposición sobre la orden de no innovar".
"Sin perjuicio de esto, hacemos un llamado finalmente a que las autoridades no sean temerarias y no cometan el acto ilegal y arbitrario de demoler dentro de esta semana, siendo parte de un recurso de protección del que están notificados y saben a cabal conocimiento sobre lo que ahí acontece", afirmó.
No obstante, la demolición está programada para este lunes a las 9:30 de la mañana.
En paralelo, Valentina Correa, hija del empresario dueño del terreno, abordó la situación en X y apuntó que "la justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria".
"Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia", afirmó.
Esfuerzos para evitar el desalojo en toma de San Antonio
Mientras el desalojo en Quilpué avanza, la atención del Gobierno se centra también en la megatoma de San Antonio, donde se buscan esfuerzos para evitar una situación similar que afectaría a más de 4.000 familias.
La magnitud de esta ocupación es significativa, con más de 3.000 niños, niñas y adolescentes entre los afectados.
La delegada ministerial de Vivienda y Urbanismo, Gloria Maira, afirmó que desde la cartera siguen “trabajando en alternativas que impliquen evitar el desalojo, en razón del número de familias que habitan en el megacampamento, que son más de 4000, donde más de 3000 son niños, niñas y adolescentes".
Subrayó la complejidad de la situación los “obliga a seguir buscando alternativas que impliquen que el desalojo no se produzca, y se busca que las familias se radiquen".
Maira reconoció los desafíos al afirmar que "las soluciones no son fáciles, los caminos estrechan, pero seguimos insistiendo, seguimos produciendo alternativas y esperamos en el corto plazo poder llegar a algún entendimiento que eh, nos permita entonces abrir esta solución”.
El objetivo es lograr una salida habitacional negociada que no implique la expulsión forzosa de miles de personas. Las conversaciones continúan para buscar un acuerdo que brinde estabilidad a estas comunidades vulnerables.
