Presentan querella por casi 4.300 millones de pesos contra ejecutivos de Sartor y Michael Clark
El texto legal acusa administración desleal y negociación incompatible.

El texto legal acusa administración desleal y negociación incompatible.
La sociedad Inversiones ADM S.A. presentó una querella criminal contra los principales ejecutivos del grupo Sartor, incluyendo al presidente de Azul Azul, Michael Clark, por los delitos de administración desleal y negociación incompatible.
La acción legal, a la que tuvo acceso Cooperativa Deportes, denuncia un perjuicio total que supera los $4.286 millones.
La acción judicial acusa a los directivos de utilizar los fondos de sus clientes para financiar empresas relacionadas a ellos mismos, en un claro conflicto de interés.
Este desvío de dinero, según la querella, se realizó en abierta contravención a la normativa del mercado de valores y al deber de lealtad con los inversionistas.
El escrito detalla que otro mecanismo de defraudación fueron los "Contratos de Asociación para Inversiones" (C.A.I.), ofrecidos a clientes de confianza.
Desde diciembre de 2023, Sartor habría dejado de pagar la rentabilidad comprometida y no ha restituido el capital invertido por la sociedad querellante.
La querella destaca la venta del paquete controlador de Azul Azul S.A. a una sociedad ligada a Michael Clark a un "precio vil" y sin una Oferta Pública de Acciones (OPA).
Esta operación se realizó, según el texto legal, justo antes de que se solicitara la liquidación forzosa de Sartor, configurando un presunto vaciamiento patrimonial.
La acción legal se respalda en diversas resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que ya revocó la autorización de existencia de Sartor AGF.
La CMF constató graves irregularidades, conflictos de interés y la entrega de información falsa al mercado por parte de la administradora.
Entre los querellados, además de Clark, se encuentran los directivos Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Rodrigo Bustamante y Óscar Ebel.
La acción también se dirige contra las personas jurídicas Sartor Administradora General de Fondos S.A. y Asesorías e Inversiones Sartor S.A.