La provisión de fondos destinados a expresidentes se tomó este lunes la discusión presupuestaria 2026 en el Congreso, con fuertes críticas de la oposición al Gobierno por haber modificado la forma en que se incluyen ciertos pagos, trasladándolos de una "glosa" -que permitía la votación de parlamentarios- a la categoría de "gastos permanentes", los cuales no requieren aprobación en de los legisladores.
Este lunes, en dos subcomisiones mixtas de presupuesto, si bien se analizó la provisión de fondos para los ministerios de Educación y Obras Públicas, la atención mediática se centró en los 830 millones de pesos del presupuesto del Congreso Nacional destinados a "dietas, traslado y funcionamiento de oficina" para los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
A esto se suman 151 millones de pesos para el Presidente Boric, quien accederá a este derecho a partir de marzo del próximo año.
Desde La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la medida, señalando que "no tiene que ver con un exmandatario en particular", sino que "todos los expresidentes, por mandato constitucional, tienen una dieta, y la ley tiene que aplicar ese mandato, ni más ni menos".
En esta línea, la secretaria de Estado enfatizó que el Parlamento ya debatió este tema a nivel constitucional y que "como no se ha innovado, simplemente, así como lo hicimos con el voto obligatorio y la multa, se tiene que cumplir a través de la ley una norma que es constitucional".
Sin embargo, esta postura contrasta con la visión de la oposición. Recientemente, un proyecto que buscaba eliminar o restringir la dieta para exmandatarios a partir de los 65 años, impulsado por parlamentarios de oposición, incluida la diputada Pamela Jiles, no prosperó.
La controversia se intensificó al conocerse que el Gobierno ha reclasificado estos pagos.
Fuertes cuestionamientos desde la oposición
Renovación Nacional (RN) fue especialmente crítico, apuntando que el Ejecutivo "sí innovó en esta materia este año". Según cuestionaron, el proyecto de presupuesto solía incluir el pago de estas dietas en una "glosa", lo que permitía pedir votación para aprobarla o rechazarla.
Ahora, para el diseño presupuestario de 2026, el Ejecutivo "incluyó ese pago entre los gastos permanentes, esos que no se votan".
"Esto es inmoral y absolutamente desvergonzado por parte del Presidente de la República, porque es el mismo el que pretende asegurarse su bolsillo. Las dietas tienen asidero constitucional, pero las asignaciones no tienen un sostén constitucional ni legal, y por eso las asignaciones siempre van en una glosa de la ley de presupuesto y se someten a la votación año a año", cuestionó el diputado Andrés Longton (RN).
Asimismo, acusó que "lo que hizo el Presidente es sacar esa glosa y meterla dentro de gasto permanente para que el Congreso no pudiera rechazarlo. Y eso es inconstitucional".
El diputado advirtió que la oposición buscará "sacarlo de ahí y ponerlo en las glosas, si no esto va a terminar en el Tribunal Constitucional".
La diferencia clave, según Longton, radica en que, a diferencia de la dieta (que tiene sustento constitucional), las "asignaciones" -es decir, el dinero para traslado y oficinas- no poseen un "sustento constitucional ni legal".
PS: La situación "fue debidamente zanjada"
Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva (PS) señaló que la situación "fue debidamente zanjada por la sala de la Cámara de Diputados" al no aprobarse "el modificar la edad para poder obtener la dieta y las asignaciones".
"Lo que corresponde es regular y transparentar de una manera adecuada, y una oportunidad o alternativa para hacerlo es en el presupuesto", indicó el legislador.
