La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez, enjuiciada por el fallido intento de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo a finales de 2022, comenzó de nuevo una huelga de hambre desde prisión en protesta de los presuntos abusos que afirma sufrir por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y dejó una carta testamentaria en la que responsabiliza a la presidenta, Dina Boluarte, de lo que pueda ocurrirle.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, difundió la noche del martes en la red social X una carta escrita a mano por la política, acusada de rebelión junto a Castillo.
"Mediante este documento de puño y letra de la suscrita deseo que se cumpla mi última voluntad, debido a que me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del Inpe, adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a Dina Boluarte", indicó Chávez, que se encuentra recluida en la Cárcel de Mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima.
Agregó que el Ejecutivo tiene como consigna un deterioro continuo de su persona que le imposibilita poder asistir a las diligencias judiciales, como lleva haciendo desde que inició en marzo el juicio por el intento de golpe de Estado, debido "al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día".
"La consigna es evitar que yo me defienda en el juicio oral y lo que se busca es que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopada a diligencias judiciales con fluoxetina y/o alprazolam (medicamentos contra la depresión y ansiedad respectivamente)", denunció Chávez, que fue primera ministra de Castillo del 25 de noviembre a 7 de diciembre de 2022, fecha del fallido golpe.
Precisó que algunos de estos abusos por parte de autoridades penitenciarias son su impedimento de utilizar los servicios higiénicos, vigilancia constante, amenazas de muerte, y no permitirle reunirse con su defensa civil.
Recordó que en julio ejerció una huelga de hambre durante 15 días y entonces creyó que el Inpe cesaría "el acoso" y suspendería a las directoras de la prisión donde se encuentra, algo que no ocurrió.
"Retomar y radicalizar mi medida de fuerza a una huelga de hambre seca, no he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten y los abusos del Inpe continúen, esa es mi voluntad", afirmó la ex primera ministra.
Además, dejó por escrito varias solicitudes, como realizar una videollamada para despedirse de sus padres, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean entregados a Noblecilla en la morgue de Lima y que él los lleve a su ciudad natal, Tacna, en el sur de Perú, donde pide que sean cremados.
"Dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano", agregó.
Juicio por golpe
En manos del Tribunal Constitucional se encuentra un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Chávez para que sea liberada, al argumentar que la prolongación de la prisión preventiva contra la ex primera ministra se dio cuando ya había vencido el primer plazo, de 18 meses.
Junto a otros exintegrantes del gabinete, tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe, que derivó en la destitución del exmandatario, y afrontan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación donde anunciaba el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar a través de decretos, ante la posibilidad de que el Parlamento votase ese día una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él.
Su mensaje no surtió efecto, ya que minutos después fue detenido por la Policía cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en Lima, mientras el Congreso votó inmediatamente su destitución y la sucesión en el cargo de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
