El conflicto armado en Sudán entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 10,8 millones de desplazados y 25 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria, denunció la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual publicado este jueves.
En el documento, HRW alertó de que ambas facciones enfrentadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra, violencia sexual y ataques a civiles desde que estalló el conflicto el 15 de abril de 2023.
El conflicto ha provocado una crisis de refugiados, con más de 2 millones de personas desplazadas hacia países vecinos como Chad, Egipto y Etiopía; donde los refugiados sudaneses han enfrentado abusos como detenciones arbitrarias, expulsiones y condiciones de vida precarias.
La guerra estalló a mediados de abril de 2023 por el desacuerdo entre el Ejército y las FAR respecto a la inclusión de los paramilitares en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omar al Bashir.
La FAR como "responsables principales"
La organización señaló particularmente a las FAR como "responsables de la mayor parte de los abusos, como asesinatos extrajudiciales y ataques a centros de salud", que empeoraron la atención médica de la población civil, afectada ya por los daños contra la infraestructura sanitaria a lo largo del país.
Al menos 23 muertos tras ataque de grupo paramilitar en estratégica ciudad de Sudán, al bombardear la ciudad de Al Fasher, dejando a más de 60 heridos.
La organización también criticó la obstrucción de la ayuda humanitaria por parte de ambos bandos, dificultando el acceso de los civiles a alimentos y medicinas, además de los bloqueos y saqueos de suministros que empeoraron la situación de los más vulnerables.
La violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, ha sido utilizada como "instrumento de guerra" por las FAR, que han cometido múltiples violaciones y matrimonios forzados en las zonas bajo su control, según HRW, que también reportó abusos similares por parte del Ejército en las zonas que tomaron en Omdurman, localidad próxima a la capital.
HRW denunció que a pesar de las investigaciones internacionales, la impunidad sigue prevaleciendo, ya que ninguna de las partes ha rendido cuentas por los crímenes cometidos en más de 21 meses de conflicto.
Por todo ello, esta organización defensora de los derechos humanos instó a la comunidad internacional a ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para cubrir todo Sudán y a considerar la creación de un mecanismo judicial independiente para garantizar la justicia por las violaciones cometidas.
Asimismo, HRW hizo un llamado urgente para que se incremente la presión internacional con el objetivo de proteger a los civiles y garantizar el acceso humanitario en el país, donde la situación sigue empeorando sin perspectivas de resolución a corto plazo.