La acción es parte de una estrategia que también incluye perseguir la responsabilidad política del ministro Cordero e iniciar medidas legales a través del CDE.
"La bancada no va a dormir hasta que esté recuperado cada peso", advirtió el diputado Jorge Alessandri.
La oposición está articulando una seguidilla de acciones y propuestas en el plano político y judicial a raíz del caso de Bernarda Vera Contardo, quien figura como víctima de desaparición forzosa en el Informe Rettig y, según un reportaje emitido la noche del domingo por Chilevisión, reside supuestamente en Argentina.
Esta mañana, diputados de la UDI se presentaron en la Contraloría General de la República para solicitar información sobre el Plan Nacional de Búsqueda y posibles "otros casos" de irregularidades en el cobro de pensiones de reparación.
"La bancada de la UDI no va a dormir hasta que esté recuperado cada peso", advirtió el diputado Jorge Alessandri, quien detalló que se trata de un "oficio de fiscalización a la Contraloría para que nos diga qué hay respecto al Plan de Búsqueda y si hay otros casos".
La acción, explicó el parlamentario, es parte de una estrategia que también incluye "perseguir la responsabilidad política pidiéndole al ministro (Luis) Cordero que explique por qué, si un PDI le informa, él no le informa a los chilenos"; "ir al Consejo de Defensa del Estado para decirle: 'Inicie acciones legales'"; y plantear la necesidad de revisar todos los testimonios de las comisiones Rettig y Valech.
"¿No habrá llegado la hora de que todos los testimonios reservados o secretos de las comisiones Valech, Rettig y otras? ¿No habrá llegado el minuto de que nombremos una comisión de hombres sabios que revisen esto?", sostuvo el diputado UDI.
Sin embargo, desde la oposición, la diputada Karol Cariola (PC) advirtió que este caso no puede ser una excusa para retroceder en materia de verdad y reparación.
"Tratar de retrotraer todo lo que hemos construido durante estos años me parece de un oportunismo político y de una acción negacionista absoluta. Hoy hay un plan de búsqueda que precisamente busca esclarecer una serie de situaciones y de buscar los caminos para que los familiares de las víctimas de la dictadura militar puedan saber de una vez por todas dónde están", aseveró.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, defendió la actuación "muy diligente" del Gobierno y el Plan Nacional de Búsqueda en el caso y aclaró que el Estado aún no tiene "certeza plena" de que la mujer ubicada en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera.
"Sí sabemos que el ministro (en visita Álvaro Mesa) está indagando, está investigando, está ordenando diligencias investigativas justamente para poder tener la certeza de que esta persona, Bernarda Vera, es la misma que fue calificada en su momento como detenida y desaparecida", señaló la autoridad.
Además, aseguró que, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, "la reconstrucción de las trayectorias de las 1.469 víctimas (de desaparición forzada) es un trabajo que está en curso" y "no hemos identificado ningún otro caso de estas características", pero "en caso de surgir algún otro caso excepcional como este, tal como en el caso de Bernarda, seremos los primeros en investigar", enfatizó.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que "desde hace años, incluso cuando yo era parlamentario, señalé que había que hacer una revisión completa. No puede ser, en este caso por una persona, que paguen la consecuencia otras personas que sí se vieron afectadas por esta situación dramática, pero lo que no podemos permitir es que nadie más siga abusando".
Por su parte, la abanderada oficialista, Jeannette Jara, planteó que "este caso debe ser investigado a profundidad, sobre todo porque produce dos efectos, por un lado hay una revictimización de todos los familiares, y segundo porque le da a sectores más ligados a la ultraderecha que empiezan a levantar fantasmas que no existen".
