El abogado constitucionalista Javier Couso planteó en Cooperativa que, debido a que los estándares en materia penal son mayores, es posible que las irregularidades en las que incurrió la jueza Ángela Vivanco -en la denominada trama bielorrusa- no sean acreditadas en los tribunales.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico de la Universidad Diego Portales planteó que "institucionalmente, otro poder del Estado ha tenido que venir a hacer lo que la Corte Suprema no pudo, a pesar de que la mitad de los integrantes de la Suprema estuvo por remover a Ulloa. Finalmente, de manera categórica, y en una decisión cercana al 90 por ciento de los senadores y arriba del 95 de los diputados se ha removido a un integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago".
"Es la continuación de la crisis más seria que ha tenido el Poder Judicial desde el regreso de la democracia", recalcó.
Sobre una reforma al Poder Judicial, Cousl lamentó que "el proyecto ha dormido, no ha tenido el tratamiento legislativo que la urgencia requería. Entonces llegamos al fin de un ciclo político y lo curioso es que se habla mucho de la crisis de seguridad y está todo el foco puesto ahí, este es uno de los elementos claves, distinguir quién es culpable e inocente es crucial en el combate contra el crimen y eso requiere una judicatura transparente, creíble".
El experto recordó que "la Corte Suprema removió a la jueza Vivanco por mal comportamiento, está bastante claro que acciones que ella realizó violaron todas las normas propias del principio de probidad y transparencia que son exigibles a una jueza de la Corte Suprema".
"Es perfectamente posible que no se acredite, porque los estándares de prueba son muy elevados en su responsabilidad penal, y que sin embargo la remoción de la que fue sujeta hace un año por la Corte Suprema y la acusación constitucional en contra de ella sean correctas", precisó.
Couso añadió que "la jueza Vivanco puede ser o no culpable del delito de cohecho, lo que tenemos claro es que faltó al buen comportamiento que se le exige a todo juez de la República, y con ello hizo un grave daño a la credibilidad del Poder Judicial".
