El ministro de la Corte Suprema fue vinculado por un reportaje al caso "Muñeca bielorrusa", iniciado tras un fallo de sala presidida por la exmagistrada Ángela Vivanco.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó abrir una investigación de oficio contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, vinculado recientemente en una arista del caso "Muñeca bielorrusa".
El magistrado fue mencionado por el medio digital Reportea, que reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, que favoreció a la empresa extranjera en fallo de una sala presidida por la exintegrante del máximo tribunal Ángela Vivanco, Simpertigue viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado en esta causa.
Tras votar en las elecciones presidencial y parlamentaria de este domingo, Valencia explicó que "la fiscal Wittwer ya se encuentra investigando las circunstancias en las cuales se dictó la sentencia en lo que ha sido conocido como el caso en la causa Movitec Belaz".
En ese sentido, sostuvo que "el Ministerio Público investiga hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable ni nada por el estilo. Nosotros investigamos causas penales".
La Fiscalía ingresó una querella de capítulos -el 5 de noviembre- en contra de la exmagistrada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un procedimiento que, de ser aprobado, permitiría formalizarla y solicitar medidas cautelares.
Este escenario podría marcar un hito sin precedentes, convirtiendo a Vivanco en la primera exministra del máximo tribunal en la historia de Chile en ingresar a la cárcel.
Según el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, esta situación es consecuencia directa de la "inacción" de las autoridades: "Muchos advertimos de que en la medida que se siguieran haciendo tráfico de influencia para los nombramientos, pronto iba a aparecer alguien, algún grupo, que iba a llevar estas prácticas a otro nivel, que era ya hacer tráfico de influencia para la resolución de casos, e incluso ya no solo intercambio de favores, que era lo que tradicionalmente se hacía, sino pagos".
"Y producto de la inacción de las autoridades, y con autoridades me refiero a todos, al Gobierno, al Congreso y al propio Poder Judicial, en el sentido de erradicar estas malas prácticas, nos llevó a que apareciera un grupo que se aprovechó de estas de estas malas prácticas antiguas y las llevó a un nivel superior, de empezar a hacer negocio con esto", argumentó.
