Este miércoles se inició el juicio oral contra el exalcalde de San Ramón y exvicepresidente del Partido Socialista Miguel Ángel Aguilera, a quien se le imputan los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho pasivo, presuntamente cometidos entre 2016 y 2017.
Los supuestos delitos se cometieron por aparentes sobornos cobrados a empresas que obtenían licitaciones del municipio, y su presunto lavado a través del fraccionamiento de los montos pagados.
La Fiscalía pide para Aguilera una pena de 10 años de cárcel y que se pague en multas lo equivalente a lo obtenido de forma ilícita, calculado en alrededor de 283 millones de pesos, en los que el exalcalde incrementó su patrimonio de forma imposible de justificar. Además adquirió una casa de cerca de 500 millones de pesos en La Reina.
La audiencia inició con la lectura de los hechos por parte de la magistrada que preside el tribunal, y después se dio paso a los alegatos de apertura, en que el Ministerio Público apuntó a una serie de irregularidades como depósitos a las cuentas del alcalde, provenientes de las empresas adjudicatarias, días después de las licitaciones.
Además, Fiscalía acusó movimientos de dinero en efectivo, gestionados por Aguilera y ejecutados por funcionarios municipales.
"Delitos de manera sucesiva, continuada y reiterada"
El fiscal Víctor Núñez aseguró que "este juicio versa sobre delitos cometidos de manera sucesiva, continuada y reiterada en el tiempo, donde los que se cometen a continuación de los anteriores interrumpen sucesivamente la prescripción que va corriendo"
"Todos delitos sometidos al conocimiento de este juicio oral, el primero comenzando el 7 de enero de 2013, y el último hasta el 8 de septiembre de 2017 (período en que Aguilera estaba al mando del municipio)", agregó el persecutor.
Posteriormente, se dio paso a la exposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), los querellantes particulares y, finalmente, la defensa, que partió abordando los supuestos nexos de Aguilera con el narcotráfico, argumentando que la contratación de la persona condenada por la ley 20.000 (de drogas) la habría supervisado otro funcionario y no el alcalde, aunque dicha situación no es parte de la causa penal.
La abogada Rocío Berríos, defensa de la exautoridad comunal, explicó que "vamos a solicitar la absolución, porque no solamente vamos a alegar la prescripción, también tenemos prueba de la defensa y, además, la prueba de cargos es sumamente débil y poco creíble".
"La prueba de la defensa, si bien es mucho menor en cantidad, es mucho mejor en calidad. Acredita que los depósitos que recibió el alcalde Aguilera de parte del dueño de una empresa adjudicataria tuvieron razones distintas de las que señalan en la acusación: no tuvieron ninguna relación con licitaciones, sino que se trató del financiamiento de actividades de carácter político del PS", agregó la jurista.
Fuentes ligadas a la causa argumentaron que el juicio se podría extender por al menos un mes, en el que habrá testigos y la presentación de evidencia documental.
