El escándalo de las licencias médicas sigue en la palestra pública, luego de que el Poder Judicial revelara que casi 700 de sus funcionarios salieron del país unas 1.029 veces en los últimos cinco años, tras solicitar el permiso.
El aparato judicial obtuvo estos datos luego de efectuar una revisión interna, motivada por el informe de Contraloría que cifró que más de 25 mil los funcionarios públicos del país emitieron una licencia médica para viajar.
Según el Poder Judicial, en total fueron 692 funcionarios -571 activos a día de hoy- que solicitaron el referido número de licencias médicas. Entre ellos, destacan cuatro ministros de Cortes de Apelaciones, una fiscal judicial y 84 jueces a lo largo del país.
La polémica originó una serie de autodenuncias y la Corte Suprema resolvió que cada tribunal designe a un fiscal para iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan. Sin embargo, organismos como la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresaron su molestia por lo trascendido.
"Tal como manifestó la Asociación al conocer los primeros casos -y sin perjuicio de las investigaciones que permitan esclarecer hechos y determinar responsabilidades-, es imperativo que quienes desempeñemos labores jurisdiccionales en nuestro país tengamos los más altos estándares éticos y de conducta", aseveró su presidenta, Mariela Hernández.
"Por lo anterior, esta Asociación reafirma su compromiso institucional de promoción y fortalecimiento de una cultura de integridad, transparencia y probidad entre todas y todos los integrantes del Poder Judicial", agregó.
¿Empleadores públicos deberían fiscalizar el uso de la licencia?
Si bien los sumarios internos que efectúan los servicios públicos pueden tener desenlaces como censura, suspensión del empleo, reducción de remuneraciones o destituciones e inhabilidad, son excepcionales los casos donde hay sanciones penales.
Asimismo, la fiscalización interna se ha concentrado en quienes emiten la licencia fraudulenta, pero el escándalo ha originado un debate que ahora enfatiza la necesidad de apuntar a los funcionarios que hacen mal uso de los permisos.
Por ejemplo, se propone que los empleadores hagan visitas en caso de licencias extensas en los organismos públicos. Esto sólo se puede hacer en el sector privado, pero la extitular de la Dirección del Trabajo (DT) Lilia Jérez espera "un cambio de criterio".
"El tema es determinar cuál es el nivel de persecución que vamos a tener (sobre los funcionarios). Los tribunales de justicia, en forma mayoritaria, siempre han señalado que no le corresponde al empleador cuestionar el contenido de la licencia médica emitida. Yo esperaría ahí un cambio de criterio, en el entendido de que acá hay una falta de probidad", dijo la académica de la Universidad de Santiago.
"Además, está (en debate) el establecer como una causal de término directa el mal uso de la licencia médica y también está el punto de la fiscalización que pueden hacer los servicios. Si es de carácter público, el deber es entregar el servicio, no estar revisando que los funcionarios cumplan con la licencia; pero, por otro lado, necesito contar con esas presiones para poder hacer bien el uso" de los permisos, planteó Jérez.
