Fiscalía desconocía el motivo de uno de los encuentros entre los investigados en este bullado caso.
La jueza Michelle Ibacache puso en tela de juicio la forma en que el Ministerio Público ha conducido la investigación del caso.
La sexta jornada de audiencia de formalización del mediático caso "muñeca bielorrusa" está marcada este jueves por un fuerte reproche de la jueza a cargo, Michelle Ibacache, hacia el trabajo del Ministerio Público.
Las críticas se centran en falencias en la investigación, específicamente en torno a la georreferenciación de los teléfonos de Ángela Vivanco y los abogados imputados.
En particular, se cuestiona el desconocimiento de la fiscalía sobre el motivo de uno de los encuentros entre los investigados en este bullado caso: la celebración del quinto aniversario de Vivanco como ministra de la Corte Suprema, evento relevante para el contexto de la reunión.
Esta situación ha sido objeto de la crítica judicial, generando interrogantes sobre la exhaustividad de la investigación.
Durante la audiencia, la jueza Ibacache enfatizó la importancia de la información presentada por las partes, dejando claro que su decisión se basaría en ella.
La audiencia de formalización continúa esta jornada con la intervención de la abogada litigante del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo cargo de los reparos de la magistrada.
La formalización ha estado llenamente dedicada a las réplicas, centrando la atención en puntos cruciales cuestionados por la defensa y las acusaciones de la fiscalía.
El Consejo de Defensa del Estado, representado por la abogada Luppy Aguirre, abordó estas controversias, entre las que se destaca la propiedad de Vivanco de un departamento cerca de las oficinas de los abogados, lo que explicaría su presencia en el lugar.
A esto se suma la posesión de 20 mil dólares por parte de Gonzalo Migueles, que, según la carpeta investigativa, habían sido gastados antes de recibir estos 15.600 que están siendo investigados como coimas.
En tanto, Carlos Quezada, abogado querellante del caso, destacó en su intervención que "el movimiento de los dineros comenzó cuando Belaz Movitec le pagó a los abogados".
El prosecretario de la Suprema, Marcelo Doering, también ha sido mencionado en este contexto. Se le atribuye haber avisado que había un problema con la resolución de esa cuenta.
Según Quezada, Doering dijo: "Nunca en mi carrera profesional me había tocado una situación así".
Está situación hace referencia a uno de los puntos que está siendo cuestionado, que es la corrección de un punto de tabla de la Tercera Sala cuando era presidida por Vivanco.
Desde la fiscalía acusan que se hacían gestiones irregulares precisamente para que las causas de Belaz Movitec se vieran en primera prioridad cuando ella presidía la Tercera Sala.
